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12 de abril 2023 - 14:43hs

El expresidente de Chile Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) declaró durante más de diez horas como imputado ante la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, a cargo de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la represión del estallido social de 2019, accionar de las fuerzas de seguridad que dejó un saldo de 34 muertos, unos 4.000 heridos, muchos de ellos de gravedad, y 158 denuncias por violencia sexual.

La causa busca determinar la responsabilidad del exmandatario, quien ordenó la represión a Carabineros -la policía militarizada del país-, a la Policía de Investigaciones y a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, orden que según su abogado, Samuel Donoso, buscó “compatibilizar el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana” en el marco de las leyes vigentes.

La declaración tuvo lugar en la oficina del exmandatario, ubicada en el acomodado barrio capitalino de Vitacura, en el sector este de Santiago, hasta donde se trasladó la fiscal Chong para indagarlo por los hechos que, se extendieron desde octubre de 2019 a marzo de 2020 y que fueron constatados por Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El caso de Piñera se debe principalmente a las querellas presentadas en su contra en noviembre de 2019 por el exsenador Alejandro Navarro y varias organizaciones civiles por las presuntas violaciones de derechos humanos ocurridos durante su mandato.

Al finalizar el trámite procesal, Chong informó que Piñera “no tuvo reticencias a responder ninguna de las preguntas" formuladas, al tiempo que aclaró que el exmandatario “no hizo uso de su derecho a guardar silencio". La fiscal, además, detalló que se llevan a cabo dos investigaciones: “Una es por delitos de lesa humanidad”, causa en la que "el expresidente tiene la calidad de imputado”.

"En paralelo, nosotros llevamos una investigación relativa a responsabilidades o eventuales responsabilidades homicidas de los mandos de Carabineros; en esa investigación el expresidente no es indagado directamente”, precisó la fiscal con relación a las investigaciones en curso y en las que también debieron declarar como imputados otros exfuncionarios de Piñera, entre ellos los exministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.

La declaración de Piñera, quien podría volver a ser indagado en las próximas horas, se concretó poco después que la Corte de Apelaciones de Chile revocara una resolución que dejó en libertad a 8 militares investigados por delitos tortura al simular un fusilamiento de dos jóvenes, por lo que los uniformados volverán a presión hasta la sustanciación del juicio.

Fusilamiento simulado

El hecho, que es seguido por los medios locales, ocurrió el 22 de octubre de 2019, en el marco del estallido social, cuando las dos víctimas fueron detenidas durante una manifestación en Temuco, al sur de Santiago.

Ese día, una patrulla del Ejército los detuvo en horas de la noche con motivo del estado de excepción, para luego golpearlos, amarrarlos a un jeep y llevarlos hasta el muro perimetral del Cementerio General de Temuco. Una vez allí fueron obligados a mirar hacia al paredón, mientras los efectivos del ejército se formaron en posición de fusilamiento y cargaron sus armas, para finalmente dejarlos en libertad, mientras los amenazaban con disparar si se volvían a mirar.

El tribunal acogió los planteamientos del Ministerio Público, desde donde indicaron que lo ocurrido es constitutivo de tortura y no de apremios ilegítimos, como determinó el Juzgado de Garantía de la ciudad. De esta manera, la instancia judicial revocó las cautelares de arraigo, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas que se habían decretado para los uniformados.

Por su parte, el fiscal adjunto Raúl Espinoza, de la Fiscalía de La Araucanía, precisó que la Corte de Apelaciones “estimó que los hechos que se les atribuyen, que dicen tener relación con la simulación de un fusilamiento ocurrida el 22 de octubre del año 2019 en Temuco, son constitutivos del delito de tortura, porque tuvieron la finalidad de castigar a las víctimas por su participación en manifestaciones sociales, y no de apremios ilegítimos como lo señaló en su momento el Juzgado de Garantía”.

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