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Análisis en el Plenario Nacional

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El FA convocó a los "cientos de miles" que sufren las "políticas de ajuste y desesperanza" del gobierno

La coalición de izquierdas cuestionó al gobierno y y se propuso reconstruir "el proyecto de cambio con todos los uruguayos"

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08 de agosto de 2021 a las 05:02

El Frente Amplio (FA) convocó este sábado a sus adherentes y militantes a "asumir errores" y, como fuerza política, "reconstruir el proyecto de cambio con todos los uruguayos", indicó en una declaración.

Fue luego de un Plenario Nacional en el que, además de algunas decisiones internas, se cuestionó a la mayoría de las políticas implementadas por el gobierno. 

"Nuestro país enfrenta una crisis sanitaria que ha significado una gran cantidad de contagios y muertes que ahora se encuentra revirtiéndose, entre otras cosas, por la adhesión de miles de uruguayos que han decidido voluntariamente vacunarse", subraya uno de los primeros puntos de la declaración aprobada. 

Derivado de eso, se asegura, Uruguay vive una grave crisis económica y social con consecuencias que "pueden ser duraderas e irreparables". Una situación que, se entiende, es agravada por la decisión política del gobierno de procesar, en medio de la crisis, "el mayor ajuste de nuestra economía y en los últimos años". 

"Las consecuencias sociales y económicas, sumado a la pérdida de vidas humanas y el recorte en el gasto público son alarmantes y preocupantes", afirmó la oposición. 

En ese marco el partido destacó la "gran patriada" que significó haber recolectado las firmas necesarias para, eventualmente, habilitar un referéndum para la derogación de 135 artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC). 

"También enfrentamos un nuevo capítulo del recorte de nuestras libertades, del presupuesto para la atención de emergencias en salud, educación, vivienda y atención social" en medio de una "nueva ola de privatizaciones y desmantelamiento de las empresas públicas, la destrucción del aparato productivo y la hipoteca de nuestras posibilidades de desarrollo futuro como país". 

Ante esta situación, el FA se considera en la necesidad de "convocar a los cientos de miles de compatriotas que sufren y enfrentan las políticas de ajuste y desesperanza del gobierno de coalición conducido por el doctor Lacalle (por Luis Lacalle Pou)". 

El Plenario aprobó este sábado la incorporación formal a su estructura de tres nuevos grupos. Se trata de Fuerza Renovadora, liderada por Mario Bergara, que celebró la decisión y adelantó que se prepara para reencausar un diálogo con el objetivo de conformar un nuevo nucleamiento "seregnista" con otros sectores "con la misma sensibilidad" de cara a las elecciones internas previstas para fin de año. 

También ingresaron otros dos grupos sin representación parlamentaria: Banderas de Líber e Izquierda en marcha. También se habilitó un plazo de un año para que otros sectores, como Participar, Articular, Redoblar (PAR) logren cumplir con los requisitos para formalizar su ingreso. 

"El Frente Amplio, como proyecto político de cambio, sigue ampliándose y sumando nuevos grupos y sensibilidades, teniendo abiertas puertas y ventanas para todas aquellas organizaciones políticas que se propongan enfrentar el ajuste y afrontar un proyecto alternativo de cambio para el Uruguay", señala la declaración. 

El Plenario también aprobó la designación de María José Rodríguez para "acompañar" como coordinadora la gestión interina de Ricardo Ehrlich al frente de la fuerza política. 

Marcó además los próximos desafíos que enfrenta la coalición: la discusión de la Rendición de Cuentas, la nueva ronda de los Consejos de Salarios, la reforma a la seguridad social y la interpelación por la "entrega" del puerto de Montevideo. 

Los combustibles y la LUC

En su análisis, el FA se detuvo en el reciente aumento "recaudatorio" del precio de los combustibles dispuesto por el gobierno, el cuarto de este período y el segundo en un mes. 

El análisis se ocupa en rechazar los argumentos dados por algunos integrantes del Poder Ejecutivo en cuanto a que los incrementos se deben a los "sobrecostos" que ha enfrentado Ancap en los últimos años. 

La fuerza política aseguró que, entre 2016 y 2019 las cuentas de la empresa "estaban saneadas" y que incluso el ente "tuvo ganancias". 

Además, rechazó que se incluya como un "sobrecosto" el subsidio al supergas, el cual "resulta evidente" que "es en beneficio de la población más vulnerable" por lo que "no puede ser visto como una pérdida para el Estado". 

El análisis del FA indicó que los precios de los combustibles, bajo el gobierno de Lacalle Pou, aumentaron por encima de los incrementos salariales y triplicaron la inflación anual de los últimos meses. 

Se afirma además que se aumentó el Impuesto Específico Interno (IMESI) sobre las naftas, impactando primero en las finanzas de Ancap y licuando sus reservas y luego sobre el precio final. 

Si bien se reconoce que el precio internacional del crudo aumentó en los últimos siete meses, también se apunta que existió una disminución de marzo a octubre de 2020, sin que por eso hubiera una baja en los precios. 

El partido anunció que continuará "defendiendo la soberanía energética, el desarrollo productivo y la mano de obra nacional promoviendo la inversión pública", a la vez que se propone impedir la "destrucción de las empresas públicas" o que el gobierno "provoque su cierre o su desmantelamiento". 

En ese sentido seguirá reclamando un "ámbito de diálogo y acuerdo" para discutir la carga tributaria de los combustibles, para el que precio no sea la única variable de ajuste. 

El actual esquema está consagrado en el artículo 235 de la LUC, que establece que  el Poder Ejecutivo fijará los precios de venta de los diferentes combustibles producidos por Ancap previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

También en el 236, que  encomienda a la Ursea a que revise su "metodología de cálculo de Precios de Paridad de Importación".

En Frente Amplio sumó sus votos cuando esas disposiciones fueron aprobadas por el Parlamento.

Sin embargo este sábado y por unanimidad consideró que "esta nueva forma de gestionar Ancap, consagrada en la LUC, debe ser anulada". 

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