El Gobierno y los disidentes de las FARC anunciaron la conformación de una mesa de diálogo

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario expresó que se trata de “un segundo proceso de paz" y que se sustanciará mediante “una mesa de diálogo entre el gobierno y el Estado Mayor Central” de las FARC, iniciativa que según los observadores afines a la iniciativa marca un paso notable en la pretensión del Ejecutivo de pacificar al país.

“Se llama Estado Mayor Central y su origen son los frentes de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos, quienes quedaron por fuera de ese acuerdo por diversas razones; ahora se han integrado para finiquitar, yo diría, ese acuerdo de paz pasado y volverlo completo”, agregó Petro en un comunicado.

El anuncio se concretó horas después que la Fiscalía suspendiera, a pedido del mandatario, las órdenes de captura vigentes contra 19 líderes de la extinta guerrilla, según informó el fiscal general Francisco Barbosa. El funcionario precisó que los guerrilleros serán "reconocidos como representantes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC)", grupo que se estima integrado por al menos unos 2.000 combatientes que decidieron no aceptar el entendimiento de 2016.

La decisión de Barbosa respondió a un pedido del mismo Petro, como paso ineludible para abrir las conversaciones, aun cuando no parece saldado hacia dentro mismo del oficialismo si los disidentes deben ser reconocidos como actores políticos o como bandas de narcotraficantes. "En este caso concreto, para la fiscalía existe el fundamento porque el presidente le dio el carácter político a los disidentes que no firmaron el acuerdo de paz de La Habana", precisó el funcionario.

Barbosa explicó que el levantamiento de las órdenes de captura es consecuencia de la decisión presidencial de conceder el mismo reconocimiento a los miembros de la denominada Segunda Marquetalia, facción liderada por Iván Márquez e integrada por guerrilleros que estuvieron en el proceso de paz pero que también lo abandonaron alegando el incumplimiento por parte del Estado.

Por el momento, el Gobierno de Colombia no informó la fecha de inicio de las negociaciones en el marco de la mesa de diálogo con el EMC, cuya presencia se extiende en buena parte de los 32 departamentos del país, pero muy especialmente en la Amazonia, en la cuenca del Pacífico y en la frontera con Venezuela, y que tiene a Iván Mordisco como uno de sus jefes.

El anuncio, en el contexto de la llamada política de Paz Total que propicia el gobierno, se suma a las negociaciones que viene desarrollando el Ejecutivo desde noviembre con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) primero en Caracas, ahora en la Ciudad de México y próximamente en La Habana, instancia esta última en la que las partes abordarán las condiciones para un cese del fuego “bilateral, nacional, temporal, pero con vocación de continuidad y sujeto a evaluación conjunta”.

Según los observadores locales, el panorama se presenta mucho más complejo con el Clan del Golfo, la mayor organización de narcotráfico del país, que también hizo pública su intención de sumarse a la convocatoria realizada por Petro, grupo al que el presidente acusó recientemente de estar detrás de una serie de desmanes que se sucedieron en los últimos días en 15 municipios del Bajo Cauca y el noreste de Antioquia, en medio de protestas de mineros artesanales.

“Literalmente, el Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia, que se estaba preparando jurídicamente; parece privilegiar más su negocio y mantenerse en sus negocios", advirtió Petro en una entrevista concedida a Colombia Hoy Radio. Ya antes, en Twitter, Petro había acusado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el nombre oficial del grupo, de dejar sin agua al municipio de Tarazá.

"Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano; el Clan del Golfo, con su hostilidad contra la población, ha roto el cese al fuego", denunció el jefe del Palacio de Nariño, la sede del Poder Ejecutivo, en referencia al pacto informal que rige para el Clan del Golfo y otras organizaciones menores desde fin del año pasado y hasta junio próximo.

Pese a la tensión que existe entre el gobierno y el grupo narco, el Clan del Golfo designó hace una semana a un grupo de abogados para, según expresó, avanzar en una "negociación jurídica", anuncio que realizó justo cuando ya estaba en marcha la protesta de los mineros ilegales y luego que las Fuerzas Armadas intervinieran en el territorio confiscando vehículos y dragas que pertenecían a la organización y que eran utilizados para la extracción de oro.

"Si se va hacia la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente, no aumentar progresivamente, porque cuando estás aumentando progresivamente la economía ilegal, estás acumulando riquezas para comprar más armas; es decir, para ejercer más violencia, y eso es lo contrario a un proceso de paz", argumentó Petro.

Los trabajadores de las minas ilegales protestan desde principios de este mes contra la destrucción de los equipos que utilizan para extraer el oro aluvial que se encuentra en el agua mezclado con arena, grava y arcilla, y que para separarlo requiere de químicos altamente tóxicos, como el mercurio y el cianuro. Una actividad que es alentada por el Clan del Golfo como un negocio que se suma al tráfico de cocaína, al tiempo que procura “hacer pasar esa violencia como un paro social", según denunció Petro.

Tras el anuncio de la constitución de la mesa diálogo con el EMC, el mandatario dijo que "prácticamente la mitad de las personas armadas” se integrarán al proceso de paz, ocasión en la que estimó que todavía restara sumar una cantidad similar al plan de Paz Total, que fue volcado en un proyecto de ley aprobado en el Congreso en octubre, lo que lo convierte en política de Estado y, en consecuencia, obliga a los gobiernos sucesores a mantener vigentes las negociaciones y cumplir los acuerdos que se alcancen.

Según cálculos independientes, el EMC tiene más de 2.000 combatientes, cifra que va en aumento. El grueso de las FARC, que estaba integrado por unos 7.000 guerrilleros, se desmovilizó en 2017. No así el EMC, que en junio de 2021 atentó contra el helicóptero en el que viajaba el entonces presidente, el conservador Iván Duque (2018-2022), cerca de la frontera con Venezuela, y pocos meses después activó una bomba en una estación policial que mató a dos menores en un barrio popular de Bogotá.

La propuesta de Petro, resistida por los sectores más conservadores del país, busca poner fin a décadas de violencia que han dejado hasta el momento un saldo de  no menos de nueve millones de víctimas, entre desplazados, desaparecidos y asesinados, por los enfrentamientos de las fuerzas armadas y de seguridad con los grupos armados, pero también producto de los choques por las rentas del narcotráfico y la minería ilegal entre las distintas facciones disidentes de la FARC, los rebeldes del ELN y los grupos narcotraficantes herederos del paramilitarismo.