El “pase verde”, planteado por el senador nacionalista Jorge Gandini, es una propuesta que contribuiría a que las personas vacunadas contra el covid-19 recuperaran cierta normalidad y, sin duda, significaría un alivio a las empresas, al enfrentar menos restricciones relacionadas con la pandemia. Pero en caso de ser aprobada, obligaría a tomar los recaudos necesarios para evitar que se termine convirtiendo en una medida injusta, que dañe la razón del interés general.
Las democracias occidentales han tomado dos caminos diferentes en esta etapa de la inoculación con circulación del coronavirus y sectores de la poblaciones que se niegan a vacunarse, pese a la posibilidad de contagio y de convertirse en vectores del virus.
En Estados Unidos, en general, las políticas públicas han evitado medidas restrictivas de la libertad, excepto en situaciones excepcionales –en algunos estados, por ejemplo, durante lapsos de tiempo de 2020, cuando se registró un avance imparable de la enfermedad o picos de muertes–. Lo más frecuente son recomendaciones por parte de la administración federal, gobernaciones o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sigla en inglés).
Europa occidental, en cambio, es más proclive a las leyes restrictivas –ajustadas a derecho– para evitar la propagación del covid-19. Este fin de semana, en Alemania se levantaron algunas restricciones a las personas que han sido vacunadas, como la obligación de un test negativo para entrar en tiendas o el límite de aforo en reuniones privadas, además, de no tener que cumplir el toque de queda, todo lo que ha disparado un debate por la eventual discriminación de la medida. Un proyecto en el mismo sentido, pero de menos alcance, se analiza en Francia.
En ese contexto, sumado a la experiencia local, Gandini planteó un “pase verde” desde agosto, que permitiría a las personas vacunadas a asistir a cines, teatros, fiestas, eventos y espectáculos deportivos. “El que no quiso vacunarse está en su derecho, pero la sociedad también tiene derecho a protegerse”, dijo.
Es un argumento razonable, alejado de las visiones radicales de la libertad que terminan caricaturizando la realidad, oponiéndose a la verdad científica en torno a la propagación del coronavirus.
El ejercicio de la libertad no puede estar desconectado de la conducta precavida ante la realidad pandémica. El virus, en el caso más extremo, provoca la muerte, que es el sinsentido de la libertad.
El reto es que el “pase verde” no signifique un documento que legitime la discriminación, sino que sea la consecuencia del uso de la libertad individual. Sin obligatoriedad legal, todos tenemos derecho a no vacunarnos, pero la mayoría inoculada también tiene derecho a ser protegida, en su máxima expresión, como mandata el artículo 7 de la Constitución, por razones de interés general.
Pero a nuestro juicio, la propuesta exige un control democrático, amplias garantías y una ejecución transparente. En ese sentido, es razonable la reacción de cautela del senador Guido Manini Ríos.
Es por eso conveniente que una norma con esas características solo podría ponerse en práctica cuando toda la población en condición de vacunarse, haya tenido efectivamente la posibilidad de hacerlo, una salvaguarda importante para evitar conductas de segregación, prejuicio o arbitrariedad.
