Un proyecto de ley plantea cobrarle a los dueños de perros que ataquen animales de producción una multa que sea 10 veces el valor el animal herido o muerto. El precio de referencia será el establecido por la última publicación de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) del mes en el que pasó el ataque. Si los animales atacados son de pedigrí, el valor lo determinará el mercado en la venta de animales de condición similar.
El proyecto, redactado por el diputado de Cabildo Abierto Rafael Menéndez, fue presentado esta semana en el Parlamento y tiene como objetivo “mitigar los daños que sufren los productores”, explicó el autor del mismo a El Observador.
Para el diputado, “este proyecto de ley tampoco le dará solución (a los problemas por ataques de jaurías), porque no hay soluciones mágicas en esto, pero contribuirá a mitigar los daños de las jaurías a nivel rural”.
Entendiendo que este problema se da mayoritariamente en el medio rural, y convencido de que “los productores son responsables”, Menéndez resaltó que “a los propietarios de animales les tiene que doler en el bolsillo si su perro ataca a otro animal. Como todos los uruguayos, con el bolsillo aprendemos, es necesaria una sanción elevada”, agregó.
Este proyecto está dirigido a zonas rurales y poblados cercanos, no para quienes tienen perros en las grandes ciudades, indicó.
Además, se plantea exonerar del pago de la patente anual de perros a los tenedores de caninos que los castren y chipeen.
Por otro lado, todos aquellos perros que sean trasladados en vehículos deberán estar chipeados y contar con la cédula otorgada por el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).
La exoneración del pago de la patente es un estímulo, destacó, y añadió que otro componente de la propuesta es que quienes tengan perros que no estén castrados o chipeados deberán mantenerlos encerrados en su predio “durante el período comprendido entre la puesta y la salida del sol”. Esto se planteó teniendo en cuenta que la mayoría de los ataques a animales de producción ocurren durante la noche.
También se propuso ampliar el registro de la División de Contralor de Semovientes (Dicose) a los perros, para contar con datos de la cantidad de caninos que hay en los establecimientos rurales, así como sus características.
Los dueños de perros que incumplan con algunas de las obligaciones que plantea este proyecto –en caso de que llegue a ser ley, sin modificaciones– deberán pagar multas que irán desde 5 a 100 unidades reajustables.
El monto a pagar se definirá dependiendo de la infracción y si hay antecedentes. El dinero recaudado por las sanciones será administrado por el INBA y destinado al programa de fortalecimiento de albergues de perros.
El INBA “demorado”
Menéndez indicó que cuando se habla de cómo sacar a los perros de la calle muchas veces “se termina hablando de salir a matar perros o volver con las perreras, y eso en el siglo XXI nadie lo va a hacer. Por eso tenemos que ver qué podemos hacer para poder avanzar en el tema”.
“Los cometidos del INBA, que son muy importantes, están todavía muy demorados”, añadió sobre esta problemática.
Según dijo, las propuestas no se contraponen con los objetivos del INBA ni con la ley 18.471 sobre tenencia de perros, pero busca ayudar, principalmente a constatar de forma empírica cómo afectan estos ataques, porque, según resaltó, no se cuenta con información acerca de la cantidad de denuncias, los lugares más problemáticos o la cantidad de animales afectados.
A continuación el proyecto de ley completo:
Proyecto de Ley by Analía Pereira on Scribd
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