El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una propuesta de una nueva política que implicaría en gran medida que los migrantes que pasaran por otros países en su camino a Estados Unidos se vieran impedidos de pedir asilo. Esta “prohibición de tránsito” Ya había sido propuesta por la administración Trump, pero los tribunales la anularon varias veces.
La nueva política entrará en vigencia el 11 de mayo, después de un período de comentarios abiertos al público de 30 días. La fecha es importante porque es el día en que expiran las restricciones migratorias del Título 42 de la era Trump.
Esa restricción utilizó la emergencia sanitaria del COVID-19 como excusa para permitir que los inmigrantes fueran expulsados inmediatamente a México sin derecho a apelación alguna. De entrar en vigor, la política propuesta por Biden duraría dos años y es la política de inmigración más estricta que Biden ha promulgado hasta el momento.
La nueva normativa obligaría a los migrantes a buscar primero asilo en los países que atraviesen y que les sea negado, antes de ingresar en Estados Unidos para aspirar a recibir asilo en el país.
Otro requisito es que los solicitantes deberán hacer una cita con un funcionario de inmigración a través de una aplicación digital, CBP One, para ser elegibles para el asilo y evitar una deportación rápida.
Los defensores de los inmigrantes insisten en que estos son requisitos absurdos que plantean dificultades logísticas innecesarias a los solicitantes de asilo.
La aplicación CBP One solo está disponible en inglés y español, lo que crea una barrera idiomática para los inmigrantes que no hablan español, como los haitianos, por ejemplo, que representan el tercer grupo nacional más grande que busca asilo en los Estados Unidos, después de Venezuela y Guatemala. Según los informes, el software de la aplicación también tiene fallas y está sobrecargado con miles de inmigrantes que intentan programar citas, lo que obliga a las personas a despertarse al amanecer para asegurarse un lugar, si tienen suerte.
Solicitar asilo previamente en países centroamericanos y en México también plantea dificultades innecesarias, que a menudo enfrentan las mismas “condiciones peligrosas” de las que huyen los migrantes, le dijo a Peoples Dispatch Daniel Flores, del Consejo de Federaciones Mexicanas en América del Norte (COFEM).
“Por ejemplo, lugares como México, Guatemala, tienen sistemas muy limitados que realmente no tienen la capacidad de manejar el tráfico de solicitudes provenientes de las comunidades de inmigrantes. Tienen una cantidad limitada de jueces. Tienen una cantidad limitada de salas de audiencias”, dijo Flores.
Por su parte, Vilchis Ibarra, directora de la campaña Value Our Families que busca proteger a las familias inmigrantes, afirmó que “el sistema de asilo está destinado a que las personas busquen protección en un lugar donde se sientan seguras”, y agregó que “no debería depender de nuestros sistemas decidir dónde se sienten seguras las personas”.
La política propuesta impone restricciones innecesarias a los solicitantes de asilo y este sentido no se diferencia de otras políticas restrictivas como el Título 42 de Trump, o los proyectos para la militarización de la frontera en las últimas décadas. Después de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) desestabilizó la economía agrícola de México y precipitó la crisis migratoria de décadas en la frontera sur de los Estados Unidos, el presidente Bill Clinton lanzó la Operación Guardián para restringir y disuadir la inmigración a través de la militarización de la frontera.
Según Border Angels, una ONG que se ocupa de los derechos de los inmigrantes y de la prevención de muertes en la frontera, desde su lanzamiento hace veinte años, las políticas de inmigración de EE. UU. han causado la muerte de posiblemente más de 29,000 personas.
Las muertes se produjeron a manos del control fronterizo, por deshidratación y agotamiento, violencia criminal u otras causas. Incluso las estimaciones conservadoras indican aproximadamente una muerte por día desde el inicio de la Operación Gatekeeper en 1994. Desde 2010, más de 250 personas han muerto como resultado de un encuentro con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y ningún miembro de CBP ha sido condenado por un asesinato mientras estaba de servicio.
Los funcionarios estadounidenses prácticamente han admitido que, en términos de políticas para contener la inmigración, la crueldad fue un elemento disuasorio eficaz. La ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), Doris Meissner, quien devino en crítica del sistema de control migratorios, dijo que “creíamos que la geografía sería un aliado para nosotros… Teníamos la sensación de que la cantidad de personas que cruzarían la frontera a través de Arizona se reduciría una vez que la gente se diera cuenta de cómo es”.
