La prisión estará lista en 60 días y se construye alejado de ciudades, rodeada de tierra propiedad estatal, con varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia
El presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró el jueves que en 60 días estará terminada una megacárcel en donde encerrará a 40.000 de los detenidos en el marco de la guerra que le declaró su gobierno a las pandillas.
"Hace exactamente un mes, les anunciaba la construcción del centro de confinamiento del terrorismo (...), estará listo dentro de 60 días”, aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.
Bukele mostró un vídeo en donde se observa a muchos hombres trabajando con maquinaria pesada en un gran terreno ubicado en la zona sureste del país. El reclusorio se construye alejado de ciudades y está rodeado de tierras que son de propiedad estatal, con varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia.
"Tendrá espacio para 40.000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior", aseveró el presidente salvadoreño.
En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso acogió un pedido de Bukele para decretar un régimen de excepción, que se ha extendido al menos hasta fines de agosto, y ha permitido detener sin orden judicial desde fines de marzo a unos 47.000 supuestos pandilleros acusados de pertenecer a grupos delictivos.
El Salvador lleva más de cuatro meses bajo estado de excepción con el argumento de aplacar la ola de violencia “que azota la nación”. Sin embargo, con esta medida, el gobierno puede suspender libertades y garantías para facilitar el despliegue de militares y policías en las calles.
El presidente Bukele y su gobierno han defendido en reiteradas ocasiones la "guerra contra las pandillas" que pusieron en marcha, a pesar de que se siguen registrando homicidios en el país. El empleo de la palabra “terrorismo” hace referencia, en realidad, a los grupos violentos, las maras, de las barriadas humildes, muchos de los cuales están vinculadas al tráfico de estupefacientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por la situación de la población salvadoreña mientras se ejecuta este estado de excepción, que ya ha sido prorrogado en cuatro ocasiones, la última de ellas hasta finales de julio.
Además de las detenciones, el gobierno de El Salvador también ha llevado a cabo otras medidas con el amparo del estado de excepción, como la reforma de una ley que penaliza la reproducción ilegal de mensajes alusivos a pandillas en los medios de comunicación y la creación de una ley de recompensas para aquellos que delaten a pandilleros.
El régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.
La mayoría de pandilleros están relacionados con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, que por décadas han sembrado el terror en el país. Hasta antes de la arremetida del gobierno contra las pandillas, estaban encarcelados unos 16.000 miembros de la Mara Salvatrucha.