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El Supremo Tribunal Federal abrió tres nuevas líneas de investigación por al asalto a la democracia

La responsabilidad de los golpistas será determinada según sean financiadores, ejecutores o autores intelectuales.En todos los casos, bajofiguras penales como terrorismo y abolición violenta del Estado de derecho, entre otras

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24 de enero de 2023 a las 11:27

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes hizo lugar a un pedido realizado por la Procuraduría General de la República (PGR)y ordenó la apertura de tres nuevos mega sumarios para investigar la conducta de los militantes bolsonaristas que el 8 de enero pasado irrumpieron en los edificios de los tres poderes constitucionales en la ciudad de Brasilia.

De Moraes determinó que las conductas de los golpistas deberán ser determinadas según hayan participado como financiadores, ejecutores o bien como autores intelectuales, en todos los casos bajos los delitos de terrorismo, asociación delictiva, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, amenazas, persecución e incitación al crimen.

“El 8 de enero de 2023, una turba violenta y antidemocrática, insatisfecha con el resultado de las elecciones de 2022, con el objetivo de abolir el Estado Democrático de Derecho y la deposición del gobierno legítimamente constituido, avanzó contra la sede de los tres Poderes de la República, exigiendo una pronta y enérgica respuesta del Estado”, describióla PGR las acciones de los seguidores de Jair Bolsonaro en la solicitud realizada al STF.

El dictamen agrega que “la escalada de violencia tomó contornos incompatibles con el estado de derecho, resultando en la invasión y depredación masiva de los edificios del Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal”.

El 13 de enero pasado, De Moraes ya había determinado la apertura de una investigación sobre el caso, pero enfocada específicamente en la conducta de las autoridades, como la del destituido gobernador del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, y el entonces secretario de Seguridad del DF, Anderson Torres,ahora detenido tras regresar de los Estados Unidos, en donde permanece Bolsonaro desde el día anterior a la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

En el pedido elevado al STF y aceptado por De Moraes, la PGR defiende la división de la investigación en cuatro indagatorias específicas. El modelo, según la fiscalía, es importante "para la optimización de los recursos de la investigación y a los efectos de la adecuada gestión de futuras actuaciones judiciales" contra los más de mil detenidos en el lugar de los hechos, pero también para determinar la responsabilidad de quienes no actuaron en forma directa en la toma de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

"La correcta interpretación de las imágenes para la identificación de los perpetradores será facilitada por la información recopilada por la sociedad civil brasileña que, en su mayoría, desaprobó con vehemencia los crímenes cometidos el 8 de enero de 2023", argumentó la PGR en un escrito en el que destaca que los hechos vandálicos habrían contado “con la omisión de la policía del Distrito Federal”.En este punto, el texto cita varias conductas de las autoridades del gobierno del Distrito Federal de Brasilia al señalarlas como incursas en el delito de omisión indebida, “pese a ser consciente del riesgo inminente y tener el deber de adoptar medidas para evitar los hechos".

En este sentido, la PRG puntualiza la presunta responsabilidad de cuatro autoridades. Los ya investigados e indagados Rocha y Torres, a los que suma al entonces secretario de Seguridad, Fernando de Sousa Oliveira, y Fábio Augusto Vieira, entonces Comandante General de la Policía Militar del Distrito Federal de Brasilia.

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