Para esta Rendición de Cuentas, el gobierno dispuso rubros para crear la primera fiscalía de lavado de activos que permita investigar con más dedicación este tipo de delitos que hoy recaen en las fiscalías de estupefacientes.
En esta materia, un artículo de la Rendición de Cuentas anterior había dispuesto que los casos de lavado ocurridos en el interior pasaran a investigarse en Montevideo. Pero a juicio de la Fiscalía, eso generó un desbalance puesto que las fiscalías de la capital ya estaban con demasiado trabajo. Para remediar esa situación, el proyecto de 2022 crea la fiscalía de lavado de activos.
"Este tipo de investigaciones, de lavado de activos, de delitos de terrorismo, de financiación del terrorismo supone investigaciones de otro cariz, de otro tenor", dijo el fiscal de Corte Juan Gómez al comparecer ante ella comisión que analiza el proyecto en Diputados.
Según informó Gómez, desde el 1º de enero de este año –cuando empezó a regir el artículo que disponía que los casos se investigaran en Montevideo– no se inició ningún juicio por lavado de activos, sino que se siguieron atendiendo los aproximadamente 30 iniciados en años anteriores.
"Aprovecho –para no perder demasiado tiempo– para empezar a decir que creemos que tenemos las razones para convencer, con el mayor de los respetos, a los señores legisladores, en uno de los dos temas que estoy dispuesto a dar pelea, en el buen sentido", comenzó diciendo Gómez.
Acto seguido, el jerarca fundamentó la necesidad de crear una unidad especializada en ciberdelitos dentro de la fiscalía, con la intención de que pueda asesorar a los equipos fiscales de todo el país.
Gabriela Aguirre, directora del Área Internacional, estuvo a cargo de gran parte de la exposición, en la que señaló que desde hace años que este tipo de delito viene al alza y que tuvo un incremento grande durante la pandemia. En ese sentido, apuntó que han tenido problemas en materia de recolección de evidencias que dificulta la cooperación internacional.
Además, pidió considerar que Cancillería adhirió a un convenio sobre ciberdelincuencia –Convenio Budapest– y que es necesario implementar esta herramienta para poder honrarlo.
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