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Entre indagados, déficit y obras: así cierran los gobiernos departamentales

Un repaso por la gestión municipal que este jueves y viernes hace recambio de autoridades

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26 de noviembre de 2020 a las 05:02

Tras un período más largo de lo habitual, con suplentes que estuvieron al frente más de lo previsto y en el medio de una pandemia que afectó la caja de todos los gobiernos departamentales, los nuevos intendentes asumirán su cargo entre este jueves y viernes en todo el país. 

Serán siete los intendentes que repitan ya que resultaron reelectos y otros tres que ya ocuparon el sillón municipal y asumirán nuevamente el gobierno municipal tras estar uno o más períodos alejados del poder. Entre los que repiten, varios tenían o tuvieron (y fueron archivadas) causas judiciales en su contra además de señalamientos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por tener entre sus jerarcas o asesores a familiares. 

Las recomendaciones de la Jutep tuvieron casi nulo efecto en los jerarcas. Los intendentes blancos Enrique Antía (Maldonado), Pablo Caram (Artigas) y Agustín Bascou (Soriano), que tenían familiares contratados en distintos cargos y habían sido señalados por nepotismo, no tomaron ninguna medida en ese sentido. El frenteamplista Andrés Lima (Salto), en tanto, sí desvinculó a su pareja que estaba como subdirectora de Gestión Humana. 

Sin embargo, a la hora de sumar votos esos casos no parecen haber tenido efecto. Además, el déficit, ese número que tanto se cuestionó durante la campaña nacional, asciende a mil millones de pesos en los balances de 2019 de los gobiernos departamentales y solo siete de 19 tuvieron números positivos.   

En la capital, se dio un caso atípico. El Frente Amplio retuvo el gobierno departamental pero Daniel Martínez, que iba por la reelección, perdió frente a su competidora Carolina Cosse. Fue el único caso donde el partido retuvo el gobierno pero quien iba por la reelección no resultó ganador.  

Montevideo

Tuvo niveles de aprobación superiores a los de sus antecesores inmediatos. Pero no fue suficiente. Martínez perdió las elecciones en Montevideo quedando por detrás tanto de la intendenta electa Cosse como del otro candidato oficialista Álvaro Villar. 

Se jactó de ordenar las cuentas de la Intendencia de Montevideo, de realizar una inversión “histórica en obras” y, además, de concretarla en los barrios más vulnerables. Pero en el medio, la campaña presidencial en la que fue derrotado debilitó su imagen. Incluso, tras esa derrota, aseguró que no competiría por la intendencia aunque, llamado por los sectores moderados del FA, volvió al terreno electoral. 

Encaminó obras importantes, como el túnel de avenida Italia o la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), y prometió otras que nunca llegó a concretar, como los cambios en 18 de Julio o las ocho plantas de clasificación de residuos que iba a sumar.

Intentó con la basura y mejoró la evaluación de los montevideanos sobre este aspecto pero sin cambios profundos. Dejó el cargo en 2019 para ser precandidato a la Presidencia y en su lugar quedó su tercer suplente, Christian Di Candia, que continuó con la misma tónica. 

Pero a pesar de la buena aprobación, Martínez no pudo transformar eso en votos y quedó lejos de alcanzar la reelección. 

Indagados

El intendente electo de Artigas, Pablo Caram, es el único que asumirá un gobierno departamental con una causa judicial abierta y con varios señalamientos de la Jutep. 

El fiscal de Artigas, Raúl Iglesias, investiga si el jerarca nacionalista cometió algún delito en los procesos licitatorios en los que tres empresas vinculadas a dos funcionarios de la Intendencia de Artigas se adjudicaron contratos por unos US$ 3,8 millones. 

Por ese episodio, la Jutep concluyó, en enero de este año, que tanto Caram como esos dos funcionarios violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia. 

Además, en febrero de 2018, Telemundo publicó la noticia de que Caram había contratado a varios familiares para desempeñarse en distintos cargos de confianza de la intendencia. Entre ellos estaban dos primos del exintendente y su sobrina, Valentina Dos Santos, que ahora es diputada por el departamento de Artigas. 

A raíz de esa situación y de otros casos de nepotismo en algunas intendencias, la Jutep analizó el caso y recomendó a los jerarcas que tenían familiares en su repartición a terminar con esas situaciones. El actual presidente, Luis Lacalle Pou, respaldó en su momento a Caram.

El exintendente arrasó en las elecciones municipales y le sacó más de 20 mil votos al Frente Amplio. Los blancos –con tres candidaturas pero con Caram despegado del resto- alcanzaron unos 34 mil votos (récord) frente a los 10.500 del FA. 

Otro de los intendentes que estuvo en la mira de la Justicia fue Carlos Moreira. En plena campaña electoral de las nacionales, se difundieron unos audios en los que el entonces intendente insinuaba dar una pasantía en la administración pública a cambio de sexo a una edila con quien en su momento había tenido un vínculo amoroso. 

En aquel entonces, el dirigente de Colonia renunció al Partido Nacional. Sin embargo, la Fiscalía archivó la investigación y no encontró méritos para imputar a Moreira que recibió el respaldo de los colonienses en las elecciones departamentales y ahora, cuando asume su cuarto mandato en el departamento, evalúa volver al partido. 

El otro intendente que está bajo la mira de la Justicia es el de Soriano, Agustín Bascou. Sin embargo, en este caso no se presentó a la reelección y quien asumirá en su lugar será Guillermo Besozzi, también del Partido Nacional y muy cercano al actual intendente. 

La Justicia imputó a Bascou por un delito de violación a la ley de prendas, dado que vendió un ganado que estaba como garantía de un préstamo otorgado por el Banco República (BROU). A principios de este año ya había sido imputado por un caso similar. También permanece abierta la causa por presunta conjunción de interés público y privado, ya que el intendente vendió combustible a la comuna desde una estación de servicio de su propiedad, presentada por ediles del Frente Amplio.

Déficit

Solo siete intendencias departamentales lograron tener números positivos en el ejercicio de 2019 y el déficit total de los gobiernos sumados es de más de $ 1.000 millones (US$ 24,6 millones), según un relevamiento realizado por El Observador

La gran mayoría de los gobiernos departamentales cerró en números rojos el año de las elecciones nacionales y si se miran los números acumulados son apenas cuatro las administraciones que tienen resultados en positivo.  

Los números del ejercicio de 2019 muestran un importante aumento de las intendencias que registraron déficit en el ejercicio anual. En 2018 habían sido apenas cinco las que habían cerrado con números desfavorables y el déficit de todas las administraciones sumadas era de US$ 17 millones, según publicó en su momento el semanario Búsqueda en base a números de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Tacuarembó, Durazno, Lavalleja y Colonia, todas bajo administración del Partido Nacional, son los departamentos que muestran mejores resultados en el global. Se trata de las únicas administraciones que tienen superávit en los resultados acumulados. Las tres primeras también registraron números positivos en el ejercicio de 2019 mientras que Colonia tuvo déficit.
 

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