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Entre la lucha y el miedo: las peripecias de una víctima de violencia de género
El miedo de Luna empezó hace dos años y cuatro meses y todavía no terminó. A fines de enero, cuando su agresor comience a cumplir la condena de tres años por violencia doméstica que dictaminó la Justicia, la historia será otra.
En agosto de 2018 realizó la primera denuncia ante la policía a raíz de que el hombre con el que salió durante tres meses la golpeó y debió ser internada. En ese momento por orden del juez se le impusieron medidas cautelares al agresor y luego la utilización de una tobillera electrónica.
Durante las audiencias evaluatorias, que se realizan cada tres meses para monitorear el caso, empezaron a aparecer las transgresiones a las medidas dispuestas por la Justicia que fueron identificadas por la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) dependiente del Ministerio del Interior. “En la primera (audiencia) ya tenía 15 transgresiones”, recordó Luna.
El pasado 16 de noviembre, la Justicia lo condenó por violencia doméstica y 45 delitos de desacato debido a la cantidad de veces que incumplió la prohibición de acercamiento.
La situación siguió empeorando y aumentando el riesgo para la víctima. En cada audiencia el Juzgado de Familia solicitaba al Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) y a Dimoe el análisis del riesgo de la agresión y concluyó que había una "baja adhesión al programa de tobilleras" ya que el agresor "no respetaba las medidas impuestas" y estuvo muchas veces a escasos metros de su víctima.
Cuando se le hacían evaluaciones psicológicas al hombre, éste no se hacía responsable de sus actos. Además, durante la relación recayó en su adicción a las drogas.
En el medio del proceso legal, durante una audiencia en julio de 2019, la jueza de familia que trataba su causa afirmó que el hombre no cumplía ninguna medida que se le imponía. "Le encomendaba a fiscalía que tomara el caso, Inmujeres dijo que la situación era para tomar medidas penales, ya que además había tenido tobillera por otro caso de violencia doméstica”, detalló.
La fiscal que tuvo el caso inicialmente fue Alba Corral, y en la carpeta de la investigación estaban registradas todas las denuncias, pero hasta ese entonces el hombre nunca había sido detenido. Cuando Luna solicitó una reunión con Corral, le suspendieron el encuentro ya que ocurrió el femicidio de Silvana Alonso, cuyo caso también era investigado por la fiscal. La mujer de 28 años fue asesinada por su expareja luego de que el hombre rompiera dos veces la tobillera que le habían colocado.
Embarazada y con miedo al escuchar esa noticia, Luna atravesó un momento de tensión. Al día siguiente de ese femicidio, su agresor llegó a la puerta de su casa a las 3 de la mañana. Desde Dimoe la alertaron de la situación y le pidieron que se resguardara hasta que llegara la policía.
El hombre logró escapar de la custodia policial, robó un auto y lo detuvieron en la frontera de Artigas, a punto de huir hacia Brasil.
Luna fue a fiscalía junto a su abogado y decidió hacer público su caso, no solo por ella, sino para que no hubiera otra Silvana. “Le escribí un tuit a (Jorge) Díaz y al día siguiente me llamaron de la Unidad de Víctimas y Testigos”, relató.
Al hombre lo imputaron por el robo del auto en un juicio abreviado y fue condenado a 18 meses de libertad vigilada en una clínica de rehabilitación para que, además, tratara sus problemas con la droga. La denuncia por violencia de género pasó a manos de la fiscal Darviña Viera.
En diciembre del año pasado nació la bebé de Luna y al mismo tiempo empezó la etapa final del proceso judicial que la tenía hace más de un año. Asumió el caso la fiscal Gabriela Fossati –Viera comenzó a investigar el caso Operación Océano– y llegó la instancia de presentar la acusación contra el hombre.
Luna decidió ser parte del proceso penal para "darle más fuerza" a la declaración que ya había realizado en fiscalía. "Si vos no vas solo quedan informes y números. Si no vas y decís que te hizo la vida miserable, no te creen", explicó.
A principios de diciembre se celebró el juicio oral y el 16 la Justicia dictó sentencia. Fossati pidió tres años y nueve meses de prisión y el juez dictó tres años. También se lo condenó a pagar una reparación patrimonial a la víctima por un monto de 12 salarios mínimos, algo que está previsto en la ley de violencia basada en género.
El hombre continúa la internación en la clínica donde se encuentra cumpliendo la pena por el robo del vehículo. La fiscalía solicitó prisión preventiva luego de que termine de cumplir la condena por el otro delito –y la sentencia por el delito de violencia de género quede firme– pero la audiencia que se iba a celebrar este jueves no pudo realizarse ya que el agresor tuvo un ataque de ansiedad. La instancia se pospuso hasta el próximo lunes.
Vivir con violencia
"Hoy, 878 días después, 68 femicidios, casi diez audiencias, aproximadamente 60 transgresiones, la Justicia habló. Tres años de penitenciaría para quien durante dos años, cuatro meses y 22 días me hizo la vida todo lo miserable que pudo. Tres años donde al fin voy a poder dormir y moverme libre". De esta forma Luna dio a conocer la noticia de la condena en su cuenta de Twitter.
Luna hizo pública su situación para visibilizar el proceso por el que pasan la gran mayoría de las mujeres que deciden denunciar a sus agresores, aunque afirma que en su caso fue "privilegiada" por poder llegar hasta el final. "Ha sido digno de una película", describió sobre lo sucedido.
Durante más de dos años tuvo que acostumbrarse a tener custodia policial, a ir siempre al mismo bar donde los trabajadores ya sabían que si aparecía el hombre o la alertaban que estaba cerca, tenía que esconderse. Sabe que muchas mujeres abandonan el proceso por varias razones, entre ellas la exposición que genera, la revictimización, el dinero y el tiempo invertido, yendo a juzgados o solicitando hablar con fiscales
De todas formas, remarca que las mujeres deben denunciar. "Siempre hago hincapié en que denuncien. Si aceptas la custodia y todo lo que implica siempre buscan la manera de que no te pase nada o de darte garantías. Pero no es fácil", relató.
"Yo no me olvido de las que no llegaron, y no porque no pidieron ayuda, es porque el sistema está fallando. No podes tener casos de más de diez infracciones", cuestionó.
Otra de las razones que explican las fallas del sistema, según la víctima, es que en algunas instancias judiciales cuando los fiscales del caso recién tenían acceso a la carpeta de investigación concurrían a las audiencias "sin tener idea para qué iban", algo que considera "frustrante".
De todas formas, la pena que consiguió la fiscal del caso le hizo devolver "la confianza en el sistema". "Pensé que iba a ser mucho menor", resumió.
Cifras en aumento
Entre enero y octubre de este año el Ministerio del Interior recibió en promedio 109 denuncias al día por violencia doméstica o de género, es decir, una cada 13 minutos. Además, cada nueve días se mató o intentó asesinar a una mujer por su condición de género.
Según el último informe de la cartera de seguridad elaborado por la División Políticas de Género y el Observatorio de Violencia y Criminalidad, y que se presentó a fines de noviembre, hubo un aumento de denuncias por violencia doméstica y delitos asociados en el último año, tendencia que se mantiene desde el año 2017.
En cuanto a la utilización de tobilleras electrónicas, hasta octubre de 2020 se destinaron 1.720 a víctimas y a sus agresores, tras la adquisición de 500 dispositivos en abril.
