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Equilibrio en sistemas de vigilancia
La ausencia de ese equilibrio en Estados Unidos generó una profunda controversia en torno a la Ley Patriota. La norma fue aprobada después de los ataques de Al Qaeda a Nueva York, el 11 de setiembre de 2001, para prevenir nuevos atentados terroristas. Autorizó la creación de un programa secreto de espionaje telefónico e informático a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Pero las filtraciones a la prensa en 2013 por el exempleado de la NSA, Edward Snowden, pusieron al descubierto el uso desmedido del programa, incluyendo espionaje a jefes de gobiernos amigos, como la canciller alemana Angela Merkel y la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Hasta se comprobó que un funcionario de la NSA lo había utilizado para espiar a una novia de sospechada fidelidad.
Las revelaciones de Snowden generaron crecientes demandas públicas contra le ley. El presidente Barack Obama propuso reformas restrictivas, que la Cámara de Representantes aprobó pero bloqueó el Senado. Dos días después de la expiración de la ley, sin embargo, el Senado dio marcha atrás y completó la sanción de las reformas. John Brennan, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), había advertido que sin Ley Patriota, que durante dos días no existió, aumentaba el peligro de ataques terroristas contra blancos estadounidenses. Su afirmación es razonable dado que Al Qaeda sobrevive en su hostilidad asesina contra Estados Unidos y sus aliados, aunque ahora actúe a la sombra del tenebroso Estado Islámico, que controla vastas zonas de Irak y Siria y ha declarado la guerra a la civilización occidental.
El senador republicano Rand Paul, aspirante a la candidatura presidencial el año próximo, reflejó la opinión de gran parte de la ciudadanía de la primera potencia mundial al argumentar que la Ley Patriota es ilegal e inconstitucional porque restringe derechos y libertades individuales. Previamente una corte federal de apelaciones de Nueva York había declarado ilegal el programa de espionaje y acusado a la NSA de excederse en su aplicación. Pero se abstuvo de detener la vigencia de la norma, a la espera de las limitaciones que debatía el Congreso por propuesta de Obama.
La controversia refleja los riesgos del uso indebido de un sistema gubernamental de espionaje, mediante sistemas informáticos y otras técnicas sofisticadas de control telefónico y visual de las conversaciones y actos de las personas, aun dentro de sus propios hogares.
Su aplicación solo se justifica cuando se trata de personas sospechosas de intenciones terroristas u otras formas delictivas.
En el caso de la Ley Patriota esa restricción fracasó al espiarse a personalidades de Estados Unidos y de países extranjeros insospechables de que pudieran atentar contra blancos de esa nación. Lo ocurrido no solo evidencia los excesos incurridos en Estados Unidos por quienes manejan el programa desde hace casi 14 años. Es también una advertencia a los gobiernos democráticos en cualquier país acerca de la necesidad del uso legítimo de los nuevos sistemas tecnológicos de vigilancia, limitándolos a prevenir y detectar delitos pero sin violar la garantía constitucional de derechos individuales a la privacidad.
