El fiscal de Corte, Jorge Díaz, solicitó a la fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera que realice sus descargos acerca de la denuncia recibida en su contra por declaraciones formuladas ante los medios de comunicación sobre la investigación Operación Océano, caso que lidera y tiene hasta el momento a 32 personas imputadas por pagar o prometer retribución a menores de edad a cambio de sexo o contribuir a la explotación sexual de adolescentes.
El reparo fue planteado en la audiencia del 14 de agosto por la abogada Cecilia Salom, defensora del exdiputado colorado Nicolás Ortiz, y apoyado por otros de los penalistas presentes en esa instancia, en la que se definió que se levantara la reserva parcial de la investigación fiscal.
Según informaron a El Observador fuentes del Ministerio Público, al despacho de Díaz llegó esta semana un informe del departamento de Jurídica de la Fiscalía General de la Nación "que sugería que se le diera vista, como parte regular del procedimiento" estipulado para estos casos. "Tendrá que evacuar la vista o no según se entienda pertinente", agregaron los informantes.
La fiscal Viera dispone ahora de un plazo de 10 días para realizar sus descargos. En función de lo que argumente o no –puede elegir no contestar–, Díaz evaluará si hay mérito para iniciar una investigación administrativa por sus dichos ante los periodistas, o en su defecto archivar la denuncia.
De todos modos, según informó días atrás El Observador, aunque el fiscal de Corte todavía no analizó en profundidad los reparos de los abogados contra Viera, el jerarca no considera a priori que la funcionaria haya cometido alguna irregularidad.
La audiencia en la que Salom manifestó los reparos –y en la que se discutieron varios aspectos de la causa– fue considerada histórica por la cantidad de personas convocadas.
Hasta el momento, la Justicia definió para los imputados como medida cautelar que durante 180 días fijaran domicilio y avisaran si lo modifican, la prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 500 metros, o de mantener cualquier clase de comunicación con ellas.
También se aplica para algunos lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que define la inhabilitación a los imputados por delitos sexuales “para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia”.
La investigación lleva varios meses y todavía quedan dos personas por ser capturadas, un argentino y un brasileño requeridos por la Justicia. El número de las víctimas aumentó luego de que la Fiscalía habilitara una línea telefónica –091 507 531– y se obtuvieran testimonios de varias menores, por este caso y otras investigaciones que se abrieron. Actualmente, hay 18 menores denunciantes.
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