23 de abril de 2013 12:58 hs

Argentina cuenta los votos para mañana, día en que los legisladores se expedirán acerca de una propuesta de reforma judicial que es impulsada por el oficialismo como un avance en la democracia y criticada por la oposición, que ve en ella un avasallamiento de los poderes estatales.

El resultado depende de 12 legisladores que algunas veces se alinean al gobierno y otras no. Contra ellos algunas organizaciones democráticas como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lanzaron una campaña para que la población les exija no acompañar al oficialismo esta vez.

De su lado, la diputada de la Unión Cívica Radical Elisa Carrió llamó a los opositores a no asistir a la sesión de mañana –en la que se sancionará el proyecto– para no dar quórum. Desde el oficialismo la acusaron de golpista.

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“Es claramente golpista”, dijo el presidente del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi. Su argumento es que el Legislativo “es el poder que se suprime inmediatamente cuando hay interrupción del orden constitucional”.

Rossi denunció que “se está generando un escenario horrible previo al debate en la sesión” y preguntó: “¿Van a impedir la entrada de los diputados al Congreso? ¿Van a tratar de amedrentarlos de alguna manera para que no vayan al Congreso?”

Argumentos en contra

La reforma tiene seis ejes principales (ver infografía) y los opositores cuestionan casi todos. Tal vez lo más controvertido sea la designación de los jueces, que hasta ahora es por sus pares, pero que se busca que sea por voto democrático. Los detractores del proyecto creen que los ciudadanos no deberían elegir a quienes los juzgarán, y otros sostienen que los que aspiran a ser magistrados no deberían hacer campaña dentro de partidos políticos.

Que las medidas cautelares contra el Estado tengan vigencia de solo seis meses también genera una especial aversión. Por un lado, porque es evidente que la medida surgió para evitar que vuelva a suceder lo que con Clarín, que por medidas cautelares de 2009 no está obligado a vender sus acciones por la ley de medios. Y por otro, porque el Estado es el que sale beneficiado en el cambio.

La creación de nuevas cámaras de casación (órganos de apelación inferiores a la Suprema Corte de Justicia) es finalmente uno de los puntos más discutidos. Desde el oficialismo se argumenta que se agilizarán las sentencias y no se sobrecargará a la Corte Suprema. Pero desde el otro lado se señala que se alargarán los procesos judiciales, que finalmente igual terminarán en el ámbito superior. (Con base en El Cronista) l

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