Coordinado por Jerónimo Giorgi
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Estabilidad política y corrupción: dos caras de una misma moneda
La corrupción, de las condiciones la más constante, puede manifestarse de diferentes maneras. Desde la timidez, limitándose básicamente a los sistemas burocráticos, hasta el atrevimiento, infiltrando y apoderándose de los sistema político. Pero en sus manifestaciones más extremas, esta puede llegar a afectar a los países de forma generalizada hasta alcanzar lo que se conoce como corrupción sistémica. En este último caso, “la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada, y los costos adquieren una importancia macroeconómica”, según afirma el artículo Corrupción en América Latina: Un balance, publicado en el blog Dialogo a fondo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta relación intrínseca entre estabilidad política y corrupción, muchas veces imperceptible, ha quedado en evidencia en nuestra región en los últimos tiempos. Según el informe Índice de Percepción de la Corrupción 2018, de Transparencia Internacional, que clasifica y ordena a 180 países según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, entre los más rezagados, los que apenas alcanzan los 25 puntos en una escala del uno al 100, se encuentran tres países de la región: Venezuela, Haití y Nicaragua, los países latinoamericanos políticamente más inestables de los últimos tiempos.
Venezuela, quien ocupa el último lugar del ranking, vive hace cinco años una crisis política, económica y social que se ha ido radicalizando y que recientemente ha desembocado en el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional del autoproclamado presidente Juan Guaidó para alcanzar una transición política que ponga fin al régimen de Nicolás Maduro. Haití, por su parte, sufre una profunda crisis generalizada que en el último mes sumió al país en el caos. A la debacle económica, que se profundizó a lo largo del 2018 debido a la depreciación de la moneda y a la crisis de electricidad derivada de la escasez de gasolina, se sumó un escándalo de corrupción asociado a la malversación de dos mil millones de dólares provenientes del programa Petrocaribe, que salpica, no solo al actual presidente, si no a los seis gobiernos que se sucedieron desde el año 2008. Y en Nicaragua, el tercer país más corrupto de la región, el régimen de Daniel Ortega y la oposición están intentando nuevamente llegar a un acuerdo que ponga fin a la grave crisis política y económica que atraviesa el país desde hace un año cuando estallaran las protestas contra el gobierno que dejaron más de 300 muertos.
A pesar de que los índices de percepción de la corrupción en la región siguen en niveles críticos, “los promedios regionales ocultan un amplio grado de variación entre los países”, afirma el informe del FMI. La percepción de corrupción en países como Chile, Costa Rica y Uruguay es similar a la de economías avanzadas lo cual se traduce en los indicadores de institucionalidad y buen gobierno. En Uruguay, el país más transparente de la región, el vicepresidente Raúl Sendic debió renunciar a su cargo en el año 2017, tras una enorme presión política, mediática y social, debido a una controversia entorno a la situación financiera de la empresa petrolera estatal que había dirigido previamente, a una licenciatura no comprobada y al mal uso de tarjetas corporativa durante sus años a cargo del ente, por lo cual más tarde fue procesado.
En medio de estos extremos se encuentra la mayoría de las naciones latinoamericanas. Gobiernos que se caracterizan por contar con leyes deficientes, falta de transparencia fiscal, marcos contractuales de contratación e inversión pública inapropiados y mala gestión de las empresas estatales. Básicamente contextos ideales para la incubación de casos masivos de corrupción como el de Petrobras u Oderbrecht con ramificaciones por toda la región.
El destape de estos escándalos, que demuestran en cierta medida los avances registrados en la región, no sólo nos vuelven a exhibir el saqueo de los bienes comunes por parte de los sectores más poderosos de la sociedad, sino que alteran la frágil estabilidad política de muchos países de la región. Y de esta manera, nuevas manifestaciones, enfrentamientos, represión y asesinatos vuelven a evidenciar la intrínseca relación que existe entre estabilidad política y corrupción.
*Jeronimo Giorgi, periodista uruguayo dedicado a temas internacionales, ha colaborado con varios medios de América Latina y Europa, y ha recibido distinciones como el Premio Rey de España de periodismo.
