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El gobierno reglamentó la ley de riego con destino agrario, dos semanas después de que fracasara la iniciativa que juntaba firmas para derogarla. La resolución fue aprobada este lunes en el Consejo de Ministros, a través de dos decretos y luego de realizar una consulta pública a las organizaciones sociales durante cinco meses.
La ley fue aprobada en octubre de 2017 pese al rechazo de sindicatos, gremios y organizaciones civiles ambientalistas, que señalaron que la nueva norma privatiza, mercantiliza y contamina el agua. La iniciativa permite a los productores asociarse para acceder al riego, busca atraer inversiones y apunta a incrementar la producción agropecuaria del país, dándole estabilidad a los cultivos y certidumbre más allá del régimen de lluvias.
La reglamentación señala que todo interesado tendrá que presentar una solicitud a los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Mvotma) y de Ganadería (MGAP) acompañada de un “proyecto de riego” en el que deberá describir todos los alcances de la obra con “referencia expresa” de las superficies beneficiadas y afectadas.
El titular de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, Carlos Colacce, explicó a El Observador que la normativa está enfocada hacia la posibilidad de que "pueda venir un inversor" a represar las aguas, para así "ofrecer el servicio de riego a los productores vecinos".
Además, en el artículo 7° la reglamentación señala que el incumplimiento del plan de uso y manejo de suelos y aguas, así como la construcción total o parcial de obras hidráulicas omitiendo alguno de los requisitos dispuestos será sancionado con multas que irán entre las 10 y las 10.000 unidades reajustables (más de 10 millones de pesos).
El proyecto también prevé que la cantidad de tierras beneficiadas que deberá acreditarse no podrá ser inferior al 50% de la capacidad potencial de riego de la obra hidráulica. Sobre este último aspecto Colacce explicó que cuando se hace una "obra de riego" se define de acuerdo a la "capacidad de los metros cúbicos de agua embalsada" que determina la capacidad de riego en un área. "Ahí está la relación entre agua embalsada u obra hidráulica y superficie a atender por riego", agregó.
La reglamentación también permite al Ministerio de Ganadería elaborar un “programa de promoción del riego” que incluya las “estrategias de fomento y el conjunto de las potenciales obras hidráulicas para riego por cuencas hidrográficas”.
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