La abogada Mercedes Acosta, que había sido imputada por participar en la banda que modificaba documentos privados para obtener prisiones domiciliarias para presos, fue condenada por la Justicia en una audiencia que se realizó en la mañana de este martes tras un acuerdo abreviado.
Acosta fue imputada por un delito de falsificación de documentos privados y otro de estafa en calidad de autora, pero no volverá a la cárcel debido a que estará bajo el régimen de libertad vigilada durante dos años.
La abogada deberá presentarse en una seccional policial una vez por semana y realizar tareas comunitarias. Fuentes del caso dijeron a El Observador que la abogada volverá este martes a su casa. La condena fue a través de un proceso abreviado en el que la acusada reconoce su culpabilidad y se le puede reducir hasta un tercio de la pena.
Acosta estaba en prisión preventiva desde el 9 de setiembre, a pedido de la fiscal Mónica Ferrero, por los delitos de falsificación de documentos privados y estafa procesal.
La abogada defendía al narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien obtuvo la prisión domiciliaria a través de documentos apócrifos que daban cuenta de que el imputado tenía problemas renales. Al comprobar que los documentos eran falsos y antes de su detención, el narcotraficante se fugó.
El narcotraficante había sido condenado en junio de 2022 después de que la Policía detectara, a través de una entrega vigilada, que un grupo de personas estaba trasladando droga en un vehículo que aparentaba ser una ambulancia. En ese automóvil iba el narcotraficante que luego fue condenado, junto a otras personas (cuatro uruguayos y un boliviano).
Tras ser condenado a más de cuatro años de prisión, la defensa de González Bica presentó un escrito en el que pidió que el hombre cumpliera la pena en su domicilio, argumentando que tenía problemas renales que lo obligaban a hacerse diálisis de forma diaria y que en la cárcel donde estaba recluido, el Penal de Libertad, no era posible acceder a ese tratamiento.
Luego se conoció que esos escritos eran falsos y con el caso quedó al descubierto una maniobra para adulterar documentos que luego redundaran en mejoras en las condiciones de reclusión de delincuentes, en particular de narcotraficantes que estaban tras las rejas.
El líder de la banda que falsificó los documentos para varios presos y narcos era Matías Campero, un hombre con un prontuario de estafas. Él era quien, presuntamente, se encargaba de la gestión de los certificados con información falsa que permitían a presos acceder al beneficio de la prisión domiciliaria amparándose en problemas de salud que no existían o que no tenían gravedad.
En la audiencia de imputación de Campero, el narco de Villa Española y Mercedes Acosta se leyeron mensajes que explicitaban la participación de la abogada en la maniobra.
Hay al menos dos audios de WhatsApp en los que se habla de sumas de dinero para pagar las falsificaciones y detalles sobre qué debían decir. Por ejemplo, acordaban que la historia clínica de González Bica debía decir que necesitaba una consulta con un nefrólogo y no un neurólogo porque si no estaban "en el horno".
Campero llegó a presentarse como abogado en la cárcel y sedes judiciales e incluso concurrió a una audiencia junto con Acosta, presentándose ambos como equipo. Todo ello frente a la jueza María Helena Mainard.
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