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FA rechaza situación de Nicaragua: "No hay excusas para avasallar las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica"
El Frente Amplio emitió un comunicado en el que rechaza las medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua a quiénes se opongan a su gobierno. "La condición de apátridas impuesta a los ciudadanos nicaragüenses afectados por dichas medidas los coloca en una situación de vulnerabilidad e indefensión inadmisible", afirmó el partido este lunes en un comunicado.
"No hay excusas para avasallar las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica. Cualquier limitación a las mismas ha de contar con las garantías del derecho interno, el que no debe estar contrapuesto al derecho internacional cuyos compromisos se han asumido", continúa el comunicado.
"La superación de esta compleja situación exige instancias y mecanismos de diálogo inclusivo, responsable y productivo sobre bases de plena vigencia de las libertades y los derechos inalienables de las personas. Solo así se lograrán los acuerdos indispensables para superarla", agregó el partido.
"Corresponde a la comunidad internacional y a nuestro país como integrante de la misma, auspiciar y acompañar tales instancias y mecanismos de diálogo y acuerdos, respetando estrictamente el principio de no intervención en los asuntos internos de los países consagrado en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, respectivamente", finalizaron.
Las agresiones y criminalización de operadores de justicia, defensores de los derechos humanos y periodistas en Guatemala registraron un incremento el año pasado generando una "grave crisis democrática" en el país, denunció el jueves pasado una ONG.
Desde el 2017 "empezamos a notar un incremento de agresiones que para el año 2022 llegó a la lamentable cifra de 3.574 agresiones", dijo en rueda de prensa Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
Entre las principales agresiones contra operadores de justicia, activistas humanitarios, periodistas, ambientalistas e indígenas, entre otros, figuran denuncias judiciales sin fundamento, casos de difamación y hostigamiento.
Según datos de Udefegua, el año pasado documentaron 1.002 denuncias.
Con información de AFP
