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FA sale a recordar el apoyo de blancos y colorados al proyecto de regasificadora
El Frente Amplio comenzó a desarrollar una contraofensiva para rebatir los cuestionamientos que desde el gobierno se vienen haciendo hacia el fallido proceso de construcción de la planta regasificadora.
La estrategia definida por la coalición de izquierda de salir a confrontar los resultados de las auditorías de gestión durante las pasadas administraciones tuvo su primer round este miércoles en la Comisión de Industria y Energía del Senado, que contó con la presencia del ministro Omar Paganini.
El jerarca fue a exponer sobre los resultados del informe de gestión que la consultora PWC realizó en Gas Sayago e interpeló a los principales responsables de los últimos dos gobiernos del Frente Amplio por “el costo del fracaso”.
La respuesta llegó por parte del senador Alejandro Sánchez (MPP) quien afirmó que este proyecto surgió del acuerdo multipartidario sobre energía, suscrito durante el gobierno de José Mujica, y que dio origen a Gas Sayago.
Para respaldar esa postura citó al actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que en 2013 y como senador y presidente del Directorio del Partido Nacional apoyó la iniciativa.
“Si bien en el caso del Partido Nacional tuvimos ojos para mirar, hicimos nuestros cuestionamientos y muchas de las decisiones que se tomaron no contaron con el apoyo de nuestros directores en UTE y Ancap, con otras sí estuvimos de acuerdo, como con el tema de la regasificadora”, decía Heber en ese instancia, según consta en actas parlamentarias.
Allí se indicaba que el entonces director nacionalista de UTE y actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, votó el contrato para realizar la obra. “Vale aclarar que nosotros no estamos en desacuerdo con el tema de la regasificadora”, apuntaba Heber.
Sánchez agregó que las contrataciones de personal en Gas Sayago se llevaron adelante con el voto unánime de su directorio, incluidos los dos representantes de la oposición.
“En definitiva, aquí estamos cuestionando al sistema político en su conjunto porque tomó determinadas decisiones, sin lugar a dudas con niveles de responsabilidad”, dijo.
Sánchez apostó entonces por recordar otros dos proyectos similares, llevados a cabo por los partidos tradicionales y que terminaron en fracaso.
Uno fue el de la Central de Casablanca, planteada durante el gobierno de Jorge Batlle y por la que, apuntó Sánchez, “no pasó una molécula de gas”. El otro fue el proyecto del gasoducto Cruz del Sur, en el que al día de hoy se invirtieron US$ 200 millones y del que “se ha utilizado solo el 5%”.
Otro de los actuales jerarcas citados por el Frente Amplio fue el propio subsecretario de Industria, Walter Verri, presente en la sesión de este miércoles.
La senadora Liliam Kechichian mencionó los comentarios de Verri en el pasado período, como diputado, durante una intervención en la comisión investigadora que desarrolló en el pasado período sobre el proyecto.
En una de esas sesiones Verri leyó parte del informe del estudio jurídico Posadas, Posadas & Vecino, contratado por Gas Sayago, que dejó en claro que “no se aprecian objeciones legales acerca de la actividad de la empresa durante el proceso licitatorio y la adjudicación”, por lo que el 14 de mayo de 2013 y por unanimidad, se decidió adjudicar la obra.
Esto implica, recordó Kechichian, que los delegados de la entonces oposición en UTE y en Ancap ya tenían conocimiento del proceso. “No me parece menor”, sostuvo.
El Frente Amplio también cuestiona la propia validez de la auditoría contratada a PWC sobre Gas Sayago, a un costo de US$ 300 mil.
Sánchez reparó en que, bajo el rótulo de “aviso importante” la consultora indicara que no pudo verificar de forma independiente toda la información desglosada en 600 páginas.
Concretamente, repara en que PWC plantea que hubo 29 limitaciones de acceso a documentos, de las que en 17 casos se pudo comprobar que la documentación existe, pero que no le fue proporcionada.
También que en el marco de la auditoría no se consultó a la Cámara de Representantes por la información recabada durante la investigadora, o que el propio directorio de UTE definiera a quién se entrevistaba.
Por tanto, Sánchez dijo que le resulta “bastante extraño” que los auditores entrevistaran a dos de los actuales directores del ente, pero no lo hicieran con la representante del Frente Amplio. O que lo hicieran con el actual director nacional de Energía pero no con su antecesor, que sí estuvo involucrado en el proyecto.
El legislador del MPP se refirió además a la página 75 del informe del PWC, en la que se habla de una “planilla Excel” que detalla estados contables negativos por US$ 76 millones en Gas Sayago.
La planilla, apuntó, no tiene firma y se desconoce su autor, pero se la coloca como un elemento relevante. “Me parece raro que en una auditoría no se profundice en saber si se está ante un documento oficial y quién se hace cargo de esa planilla”, dijo. “Además, me preocupa quién les dio esa planilla”.
Por otra parte el Frente Amplio intentó rebatir el dato de que las pérdidas de Gas Sayago ascienden a US$ 213 millones.
Es que Sánchez coloca como “ganancias” los US$ 100 millones que GNLS, el consorcio que tenía adjudicada la obra, pagó como indemnización cuando se retiró del proyecto.
“No se pueden contar como pérdida para el erario público”, reclamó.
Otro de sus cuestionamientos pasa por el hecho de los estados contables hagan una previsión de US$ 37 millones de los juicios que la empresa tiene pendientes y la estimación de que todas las demandas se perderán. O que los US$ 20 millones que se pagaron en impuestos se computen como pérdida, dado que retornaron al Estado.
