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Paganini fue al Parlamento por Gas Sayago y dejó preguntas al FA por "costo del fracaso"
Los roles tradicionales se invirtieron este miércoles en la sesión de la Comisión de Industria y Energía del Senado. Lejos de explicar un proyecto o despejar interrogantes de los legisladores, el ministro de Industria Omar Paganini fue el que dejó las preguntas.
El cuestionario, de 13 puntos, estuvo referido a los resultados de la reciente auditoría sobre Gas Sayago, la empresa de derecho público no estatal que estuvo a cargo del frustrado proyecto de la regasificadora.
“Se trató inicialmente de un proyecto poco serio, sin demanda que lo sustentara, hecho que se confirmaba paso a paso, lleno de voluntarismo y basado en decisiones arbitrarias de ‘ir para adelante’, con niveles de gastos del primer mundo y que atravesó dos administraciones, generando gastos para el erario público casi que por obstinación”, sostuvo el ministro ante la comisión.
Y los interpelados fueron varias figuras de primera línea de los últimos dos gobiernos del Frente Amplio que estuvieron vinculados a la fallida iniciativa.
Es que, según el ministro, el informe elaborado por la consultora PWC presentó con claridad las falencias del proyecto y ahora es tiempo de despejar “cuál fue la razón” para insistir en un proyecto que para Paganini se sabía que fracasaría cuatro años antes de su efectivo final.
La primera serie de interrogantes estuvieron dirigidas al expresidente José Mujica, al exministro de Industria Roberto Kreimerman, al entonces director nacional de Energía Ramón Méndez, al expresidente de ANCAP Raúl Sendic, y al extitular de UTE Gonzalo Casavarilla.
Allí cuestionó la decisión de avanzar en forma “arbitraria” con el proyecto sin haber aprobado un estudio completo de factibilidad, "que incluya también la sensibilidad del riesgo". Además planteó por qué se decidió crear una sociedad anónima de derecho privado en la que, pese a tener el 80% de las acciones, UTE debía aportar el 90% de los fondos.
A juicio de Paganini los exjerarcas deberían responder también sobre por qué resolvieron "insistir" con la regasificadora cuando "en 2012 queda claro que Argentina no participa como socio". El país vecino era prácticamente el único potencial comprador del gas. "¿Por qué entonces las autoridades de la época insisten en que el proyecto sería viable de todas maneras, pese a que la demanda de gas no estaría asegurada?", cuestionó.
El ministro también afirmó que los eventuales ingresos futuros del proyecto estuvieron "sobreestimados" en los "pocos estudios" existentes. Por ejemplo, calculándose el costo internacional del crudo a US$ 110 por barril para todo el período. Todo esto, señaló, cuando ya se tenían valores cotizados por los oferentes en los que "los costos de inversión de la planta eran 84% superiores a los inicialmente planteados".
El ministro también planteó cuestionamientos para jerarcas del último gobierno del Frente Amplio. En esta segunda tanda de interrogantes apuntó contra el expresidente Tabaré Vázquez, la exministra de Industria y actual intendenta de Montevideo Carolina Cosse, y los expresidentes de Ancap Marta Jara y José Coya.
En primer término, según las preguntas formuladas por el ministro, los exjerarcas deberían responder "por qué no se decidió terminar" el proyecto en 2015, cuando el contrato con GNLS fue rescindido. "Sobre todo porque en ese entonces se cobraron los US$ 100 millones de multa de parte de GNLS y se hubiera conseguido mitigado fuertemente el costo del fracaso”, complementó.
También cuestionó por qué se decidió seguir explorando alternativas por otros cuatro años "sin Argentina de socio", "sin una demanda firme" a mediano plazo, con la energía eólica funcionando “a todo trapo” y con el proyecto minero Aratirí ya discontinuado.
"¿Por qué a pesar de todo lo anterior, y de no tener activos para rentabilizar sino algunas obras inconclusas, se insiste en no liquidar la sociedad y a principios de 2019 comienza un proceso de venta de acciones también frustrado hasta que en diciembre de 2019 se dispone la liquidación de la sociedad, luego de cuatro años de infructuosos intentos de mantener un proyecto fracasado desde 2015?", señaló el ministro.
Presidente honorario
El encargado de responderle fue el senador Alejandro Sánchez (MPP). Era el único frenteamplista presente en la sala, ya que las senadoras Liliam Kechichian y Silvia Nane seguían la sesión vía Zoom
“Es el presidente honorario de la comisión nacional en defensa de la corrupción”, comentó irónicamente el nacionalista Jorge Gandini, en referencia a la decisión del Frente Amplio de conformar un equipo para confrontar las auditorías encargadas por el actual gobierno.
Sánchez comenzó por rebatir la validez del documento de PWC, al afirmar que la consultora señaló que “no se trataba de una auditoría”. Al respecto, Paganini precisó que no fue una auditoría contable, sino una auditoría de gestión.
Sánchez dijo a su turno que el informe “adolece de deficiencias” al no haber interrogado a los actores relevantes del proceso. En ese sentido, el senador del MPP afirmó además que los encargados del relevamiento alegaron haber tenido en 24 veces limitaciones para acceder a documentos para su investigación.
“Podemos debatir hasta los números”, desafío el senador frenteamplista, ya cuando el ministro se había retirado de la comisión. Es que, según su visión, las pérdidas del proyecto son mucho menores que los US$ 213 millones que señala el gobierno. Sánchez le descuenta a esa cifra los US$ 100 millones que pagó GNLS como multa al retirarse de la obra. También le resta US$ 20 millones pagados por concepto de impuestos.
Además cuestionó que se compute como pérdida otros US$ 37 millones que, dijo, todavía están en juego en diversos juicios que mantiene Gas Sayago. En ese sentido el frenteamplista que el Poder Ejecutivo “asuma públicamente” que esas demandas se perderán.
El senador del MPP también argumentó que en su momento "todo" el sistema político estuvo de acuerdo con construir una regasificadora. Pero, al respecto, Paganini le recordó que el aval era referido al acuerdo multipartidario de 2010 sobre energía, y no incluía a la regasificadora.
En tanto, Sánchez también recordó el Gasoducto Cruz del Sur, inaugurado en el gobierno colorado de Jorge Batlle (2000-2005). “Viene acumulando pérdidas para el Estado por US$ 350 millones", dijo.
El senador frenteamplista terminó por reconocer que el proyecto fracasó por diversos aspectos, vinculados a la quiebra en Brasil de OAS, el subcontratista que debía haber construido el gasoducto.
