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Fiscal de Gas Sayago: las "imprevisiones, errores y negligencias" no tenían como intención "perjudicar al Estado"
A juicio del fiscal Luis Pacheco en el proyecto de la regasificadora Gas Sayago "se constataron imprevisiones, errores estratégicos, negligencias e irregularidades administrativas, algunas propias de un proyecto de suma complejidad".
Pese a las pérdidas financieras que eso generó, "no se advierte la comisión de actos arbitrarios" como exige el Código Penal que hayan sido "intencionalmente dirigidos a perjudicar al Estado", según consta en el dictamen fiscal al que accedió El Observador.
Por la imposibilidad de constatar que fue con intención de generarle perjuicio al Estado es que el fiscal decidió pedirle a la jueza de Crimen Organizado, María Helena Mainard, que archive el caso, solicitud de la que informó El País.
"No se ha acreditado que los indagados funcionarios públicos hubieran actuado con abuso del cargo, por fuera de sus límites, ni con la deliberada intención de causar un perjuicio al Estado o a los particulares, sin perjuicio de eventuales responsabilidades de naturaleza administrativa", expuso Pacheco. Aclaró que la Justicia Penal no es el ámbito en el que corresponde analizar "el mérito, la oportunidad, la conveniencia y el acierto o desacierto" de las decisiones tomadas, aunque se hayan adoptado "desoyendo la opinión de técnicos o de las consultoras".
Recordó que en las denuncias realizadas se hablaba de una "ingeniería jurídica perversa", "imprevisión, negligencia y culpa", irregularidades, pago de gastos excesivos en consultorías y honorarios y más. Pero todo ello, por más de que pudiera ser inconveniente, estaba dentro de las potestades de los funcionarios públicos involucrados.
Por otra parte, recogió el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que concluye que se verificó "un desvío de las directrices generales de buena administración y de ética pública". Pero a raíz de los hechos analizados, insiste el fiscal, no hay conductas que pudieran encuadrar en figuras delictivas.
En la causa se había denunciado que funcionarios públicos brasileños habían interferido para favorecer la subcontratación de la empresa OAS, pero eso, a juicio de Pacheco no se pudo probar.
Un indagado brasileño declaró que el entonces ministro de Industria de su país, Fernando Pimentel, le había explicado que “había intermediado en interés de OAS para la construcción de un gasoducto en Uruguay...que tenía contactos con el entonces jefe de la Casa Civil del Presidente Mujica...que viabilizó la contratación de OAS para construcción del gasoducto”.
Pero el fiscal sostuvo que no surgen otros elementos que sostengan esa información. No se cuenta con "la identidad de la persona eventualmente contactada, ni el tenor de la supuesta influencia, ni si efectivamente existieron presiones o directivas en el sentido de favorecer la subcontratación de tal empresa".
En esta causa estaban indagados el expresidente de Ancap, Raúl Sendic, la exgerenta de Gas Sayago, Marta Jara, el exdirector de UTE Gonzalo Casaravilla, entre otros funcionarios.
