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Emplazan a al menos seis dueños de boliches y salones de fiesta por no cerrar
En cumplimiento a lo ordenado por la fiscal de 2º turno de Maldonado, Ana Rosés, la policía comunicó este fin de semana a al menos seis dueños de bares y locales de fiesta del departamento que quedaron emplazados y a disposición de las autoridades por no respetar "la exhortación" del presidente Luis Lacalle Pou de suspender todas las reuniones sociales a los efectos de frenar la propagación del coronavirus, como lo anunció el primer mandatario este viernes al declarar el estado de emergencia sanitaria.
Según informaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador, la policía salió a recorrer el departamento para controlar el cumplimiento de la medida, lo que había sido ordenado en una directiva emitida por la Dirección Nacional de la Policía este fin de semana a todas las jefaturas departamentales. La fiscal, por su parte, había ordenado a los uniformados que, de encontrar empresarios que no suspendieran las fiestas o bailes, les avisaran que quedarían emplazados y que serían citados a declarar en los próximos días.
"Hubo una reunión con el jefe de distrito para que se notificara a todos los locales que incumplan, como dispuso el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior", dijeron las fuentes.
Y así ocurrió. La policía encontró que entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo hubo fiestas de cumpleaños o casamiento en un complejo próximo a Solanas y en dos chacras ubicadas en La Barra de Maldonado, además de en dos bares y un local de pool en la capital del departamento.
"Se les notificó que como no podían estar abiertos estaban incumpliendo la resolución presidencial y, por tanto, cometiendo un desacato", contaron los informantes.
La notificación se entregó este domingo de madrugada, mientras la policía en todo el país salía a recorrer las calles para intentar controlar que no se realizaran grandes concentraciones de personas.
Fuentes allegadas a Rosés explicaron que aún no hay fechas para las citaciones de los empresarios, y que no pesa contra ellos ninguna medida "limitativa". "Quedar emplazados significa que hubo un evento, una denuncia, y que van a tener que declarar", se informó.
Los delitos de la violación de cuarentena
El prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, afirmó este domingo de noche que las autoridades están trabajando en "proyectar distintas normas" vinculadas a la "implementación jurídica" a la hora de fiscalizar que aquellas personas que estando en cuarentena obligatoria incumplan con la disposición. El Observador había informado más temprano que entre los integrantes de la Junta Nacional de Emergencia ampliada con algunos ministerios se consideraba solicitar a la policía que condujera ante la fiscalía a todas las personas que violaran la restricción que rige para los que tengan el virus, que hayan estado en contacto con gente enferma o hayan regresado de países de alto riesgo, como España, Italia, Francia, Alemania, China, Corea del Sur, Japón, Singapur e Irán.
En conferencia de prensa luego de la reunión, Ferrés dijo que las autoridades se encuentran trabajando en la "implementación jurídica" de normas para fiscalizar penalmente el cumplimiento de las cuarentenas.
Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, sostuvo por su parte que "todo está dentro de lo previsto en la emergencia sanitaria, por ley, con la superintendencia del Ministerio de Salud". "En muchos casos se puede prohibir y en otros, donde hay discusión sobre autonomía, exhortar", agregó.
Entre las normas vigentes, está la ley 17.292 que modificó el artículo 224 del Código Penal, bajo el título de Delitos contra la Salud Pública. Allí se prevé una pena de entre 3 y 24 meses de prisión a quienes “mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal". Además, si se provocara un “grave perjuicio a la economía nacional”, será interpretado como una circunstancia agravante especial.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue consultado al respecto este domingo sobre las 18, en otra conferencia en la que anunció medidas internas para la Fiscalía General de la Nación en el marco de la emergencia sanitaria. "Es una situación compleja en la cual cada fiscal tiene absoluta independencia técnica", dijo el jerarca.
No obstante, el fiscal de Corte "desde el punto de vista jurídico, penal y en teoría" respondió que contraer una enfermedad puede interpretarse como "una lesión". "Si (una persona) contagió a alguien de una enfermedad con conciencia y voluntad de querer contagiar, (o) violó las disposiciones y tengo contacto con esa finalidad, puedo estar incurriendo en un delito de lesiones o homicidio", expresó.
Sin embargo, advirtió que "la vulneración de disposiciones de naturaleza administrativas per se no es delito, pero sí si esa vulneración tiene determinadas consecuencias".
