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Fiscal Díaz presentó estadísticas de juicios y afirmó: "Las nuevas reglas de juego permiten mayores resultados"
La cantidad de denuncias que derivan en una imputación registró un aumento en el primer trimestre de 2019. Según el fiscal de Corte, Jorge Díaz, esto se explica, en parte, porque "el sistema ha podido trabajar con tranquilidad". "Hemos logrado obtener la tranquilidad para trabajar. No hemos estado acechados por proyectos de cambios por la reforma, y en la medida en que las instituciones vinculadas al trabajo estricto y el sistema han podido trabajar con tranquilidad, los mecanismos se han ido aceitando (...) Con los recursos humanos que tenemos, estamos llegando a un nivel de funcionamiento adecuado" del nuevo Código del Proceso Penal, apuntó.
Mientras que en el primer semestre de 2018 el promedio mensual de denuncias con imputaciones fue de 846, en el primer trimestre de 2019 el promedio fue de 1.241 denuncias.
Estos datos sobre productividad del sistema penal acusatorio fueron presentados este martes en la sede de la Fiscalía General de la Nación. De ellos, la Fiscalía concluyó que la eficacia del sistema continúa una tendencia de crecimiento.
En marzo se imputó a responsables para 1.447 denuncias, el máximo valor observado desde el inicio de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).
En relación a los hurtos y rapiñas, las denuncias derivadas en una imputación también crecieron. En el primer semestre de 2018 se imputó a al menos un delincuente en promedio en 392,5 denuncias por hurto cada mes, mientras que en el primer trimestre de 2019 ese promedio ascendió a 570 denuncias.
En el caso de las rapiñas, en iguales períodos el promedio mensual de casos con imputados pasó de 111,7 a 164,3. "El desempeño del sistema penal en relación a las denuncias de hurtos y rapiñas continúa siendo mejor al exhibido antes de la reforma procesal", concluye el informe presentado por la Fiscalía General de la Nación. Señala que la cantidad promedio de adultos imputados o condenados por hurto en el bimestre febrero-marzo fue 16,1% mayor que en el primer trimestre de 2017 para las denuncias de hurto, y 18,8% mayor para las denuncias de rapiña.
Consultado acerca de si se pondera el crecimiento global de hurtos y rapiñas al hacer la comparación de esas cifras entre 2017 y 2019, el director de Políticas Públicas de Fiscalía, Diego Gonnet, respondió: "No se está ponderando y tenemos que hacerlo. El razonamiento que hacemos es que el porcentaje de rapiñas que se resolvía o que al menos llegaba a una imputación, antes era bastante bajo al igual que ahora, entre un 5% y 6%". Añadió que antes de la entrada en vigencia del nuevo CPP "había una 'oferta' de denuncias de hurtos y rapiñas sin aclarar enorme" y que "no se daba abasto en la investigación policial". "Estamos corroborando ahora que efectivamente, por datos que aporta el Ministerio del Interior, hay más denuncias, o sea más delitos de este tipo, pero las nuevas reglas de juego permiten mayores resultados", subrayó.
Una de las "novedades" presentadas en este informe fue el dato sobre cantidad de personas (adolescentes y adultos) imputadas y condenadas. En febrero y marzo, fueron 1.112. De ellos, el 72% fue a prisión por condena o de forma preventiva, y el 9% permanece en libertad mientras se continúa la investigación. "Era una preocupación frecuente y que se sigue expresando, preguntarse cuánta gente quedaría libre a la espera de que se resuelva su situación judicial y cometiendo delitos", señaló Gonnet.
Privados de libertad
Desde agosto de 2017 la cantidad de personas privadas de libertad comenzó su tendencia a la baja, que se hizo más notoria desde la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal en noviembre de ese año.
Según Gonnet, esa baja en cantidad de privados de libertad “tenía que ver con cómo se estaban desempeñando los distintos actores en el marco de la reforma procesal, y no necesariamente con las reglas de juego que define el CPP”.
No obstante, esa cifra creció en el primer trimestre de este año. En junio de 2018 la cantidad de personas privadas de libertad registró el número más bajo desde mayo de 2015, mientras que a mediados de abril de 2019 el número era de 10.775, casi tan alto como el pico al que se llegó en abril de 2017.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, indicó que a fines de 2019 llegarán a ser más de 11 mil. Dijo además no saber "si es bueno o malo tener tanta cantidad de personas privadas de libertad", ya que supera a las 300 cada 6.000 habitantes, un índice "de los más altos de América Latina".
