El fiscal Luis Pacheco solicitó a la Justicia el desarchivo de la investigación sobre la actuación de la organización civil Seamos y su Programa Familias Articuladas, que instrumentaban un mecanismo por cual hijos de parejas con discapacidades se asociaban a una segunda familia que adquiría la tenencia, informaron a El Observador fuentes judiciales.
La solicitud de Pacheco, realizada días atrás, tiene lugar luego de que un grupo de legisladoras del Frente Amplio solicitara en diciembre pasado la reapertura de la causa que había sido archivada precisamente por este fiscal en 2017, y que tenía entre las indagadas a Gabriela Bazzano, referente en su momento del programa Familias Articuladas de la oenegé y hoy directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y la Secretaría de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social.
En ese momento, Pacheco argumentó que no se habían encontrado “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva” y que en todos los casos las resoluciones estaban respaldadas por un juzgado de Familia que permitía el cambio de las tenencias basado siempre en el artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia. “En ningún caso la solución era clandestina, o podía ser interpretada como una ‘adopción’ ilegal, sino que además de la homologación judicial, el sistema estaba en conocimiento de otros organismos públicos”, consideró Pacheco en su dictamen.
La causa judicial comenzó en 2015 a partir de una denuncia presentada por el INAU y el hospital Pereira Rossell. De acuerdo a un informe publicado por La Diaria, en esa instancia las autoridades advirtieron que una usuaria de Seamos, que días atrás había parido a su hija, se fue del centro hospitalario junto a otras dos personas, sin el alta médica de la niña y con una vía colocada.
El caso derivó en una extensa investigación judicial que analizó la "posible venta irregular de recién nacidos”, involucró a Interpol, tres fiscales especializados y escuchas telefónicas, hasta su archivo dos años después.
Ahora, a partir de la nueva denuncia del FA –que también solicitó la destitución de la actual jerarca del Mides–, el fiscal repasará con detenimiento el expediente para indagar si "hay nuevos hechos" que ameriten retomar la indagatoria penal, informaron las fuentes consultadas. En caso de detectarse elementos no evaluados en 2017, "se diligenciarán nuevas pruebas", se informó.
La senadora frenteamplista Silvia Nane –una de las legisladoras de la oposición que presentaron la denuncia– escribió en su cuenta de Twitter el 24 de diciembre que entendía que el mecanismo ideado por Bazzano produjo "delitos de abuso de inferioridad psicológica de los menores y los incapaces (art. 350 CP) y complicidad en el delito de 'asistencia y consejo desleal. (Art. 194)".
"Entendemos que existen elementos para reanudar la denuncia que no fueron considerados, como el consentimiento brindado relativo a las tenencias de sus hijos e hijas por personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y dependencia", afirmó la legisladora. "También es necesario investigar el alcance del asesoramiento brindado por los abogados y abogadas que participaron en los procesos que efectivizaron las tenencias", agregó.
"Queremos que se investiguen todos los elementos, ya que consideramos que se pudieron haber violentado derechos fundamentales de personas que se encuentran en clara situación de vulnerabilidad ante el asesoramiento y asistencia de la ONG que dirigía Bazzano", concluyó en otro tuit.
Bazzano cuenta con el respaldo del ministro Pablo Bartol, quien el 10 de diciembre se opuso a su destitución, como pedía la coalición de izquierda. "No hay absolutamente ningún elemento para separarla del cargo”, dijo.
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