La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) decidió "recrudecer" las medidas de conflicto ante la disputa que mantiene por los artículos de la Rendición de Cuentas. A partir de este viernes los fiscales sólo atenderán cuestiones de flagrancia, mientras que paralizarán por completo la actividad entre las 13:00 y las 15:00.
"Tiene como objetivo que el Parlamento deje sin efecto la medida que ataña a los fiscales y se tomen en consideración nuestras reivindicaciones", dijo en una conferencia de prensa el presidente del sindicato, William Rosa. "Lo que refiere al fiscal de Corte requiere una evaluación diferente, lo tomarán en consideración los legisladores, pero lo de fiscales no tienen razón de ser porque no hay fiscales que hayan pasado a la actividad privada y que eso haya generado algún ruido que genere una legislación de la noche a la mañana", agregó.
En la Rendición de Cuentas, que ya se aprobó a nivel general en el Senador por el oficialismo, hay un artículo que establece que los exfiscales de Corte y Letrados Penales no pueden intervenir por tres años como abogados tras dejar sus puestos.
"No hay ninguna razón de ser de inhibir a fiscales, hay una visión del sistema político de lo que hacen los fiscales que merece sanción", sostuvo Rosa. Y aseguró que hay un "ensañamiento" con la Fiscalía por parte de algunos sectores del sistema político.
"Es inconstitucional por el simple razón de que no se evocan razones de interés general para retacear el derecho al trabajo y al ejercicio de la profesión", señaló.
Rosa agregó que en la Rendición de Cuentas del 2022 se le dio un 4% de aumento a los jueces "sabiendo que los sueldos de los jueces y fiscales están equiparados". Esto fue advertido por los fiscales en 2022 y en este año y según Rosa, los legisladores reconocieron el error pero "no lo solucionaron" dado que no se les equiparó el aumento a ellos. "Pedimos que se subsane el error que aún no se ha corregido", aseguró.
A su vez, señaló que la Asociación de Fiscales pedirá una audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para señalar "los ataques" que están sufriendo desde la instalación del nuevo Código de Proceso de Penal.
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