El Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) de Ecuador confirmó este viernes mediante un comunicado la liberación de los 50 guardias penitenciarios y siete policías retenidos en seis cárceles, en medio de dos nuevas jornadas violentas en el país con ataques y explosivos en varias ciudades del país.
El organismo informó también que los funcionarios que estuvieron retenidos al menos desde el jueves pasaron evaluaciones médicas para verificar su estado de salud —del que no dieron detalles— y se encuentran “a buen recaudo”.
El SNAI adjudicó los hechos a “una respuesta de grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros carcelarios”. La misma relación atribuyeron autoridades de Seguridad del gobierno a los ataques con explosivos y coches bomba que se sucedieron desde la noche del miércoles hasta la madrugada del viernes.
"Las medidas (...) en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado", aseguró el presidente Guillermo Lasso.
El viernes a la madrugada estalló un artefacto explosivo en un puente que conecta las ciudades de Machala y El Guabo, en la provincia costera de El Oro, informó a The Associated Press el comandante de policía de esa zona, Luis García. El hecho no dejó heridos ni víctimas, pero el paso permanece cerrado mientras se evalúa la estructura.
Otra detonación de un tanque de gas de uso doméstico, al que se le adhirieron tacos de dinamita, ocurrió el jueves en la noche debajo de un puente que une las ciudades de Archidona y Tena, en la provincia de Napo, informó a AP el comandante de la policía local, Fausto Martínez.
El funcionario policial dijo que durante la captura de tres adultos y un menor que se movilizaban en un taxi se encontraron 50 tacos de dinamita que “ya estaban sincronizados en un artefacto explosivo” con mecha lenta y cápsulas detonantes y que fueron desactivados en dos explosiones controladas por agentes especializados.
Martínez dijo que se desconoce la pertenencia de los detenidos a algún grupo criminal y el motivo del ataque.
El experto y analista en seguridad Hugo Acero señaló desde Colombia a The Associated Press que “es un libreto de los narcotraficantes, es un libreto viejo que hace referencia a la época de Pablo Escobar” y aseguró que estas acciones buscan “intimidar, crear terror, mostrar poder y exigir que no se toque a esas estructuras criminales”.
Manifestó que la ola de atentados provoca una presión social hacia el gobierno justo cuando se realizan los traslados de algunos jefes de las estructuras criminales a otras cárceles.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo la víspera que el Estado irá “hasta las últimas consecuencias” en su lucha contra el crimen organizado, cuyas bandas han reaccionado a las incursiones de la fuerza pública en las cárceles para despojarlas de armas, explosivos, municiones y otros objetos prohibidos.
En tanto, el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, ratificó en una radio local que las explosiones y la retención de los agentes penitenciarios “quieren amedrentar al Estado para evitar que sigamos cumpliendo con la función que tienen las Fuerzas Armadas y la policía de controlar estos centros”.
El analista de seguridad y docente de la universidad Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón, lr dijo a AP que la situación es un hecho “sistemático y claramente planificado”, y se preguntó “¿qué hace la inteligencia estatal ante estas situaciones?”. Según el analista, “no ha hecho nada, aunque las órdenes seguramente salen de las prisiones a través de celulares”.
Añadió que lo ocurrido tiene la clara intención de generar un clima de psicosis en la población e incidir en el ambiente político con miras en la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre y advirtió que “estamos viendo una escalada del problema y ante el nivel de incompetencia del Estado más adelante podemos esperar atentados contra la población”.
A un mes y medio del balotaje que escogerá al próximo mandatario de Ecuador, la violencia recrudece. La campaña presidencial quedó empañada por el asesinato a tiros de uno de los candidatos favoritos, el experiodista Fernando Villavicencio, el 9 de agosto.
Las autoridades intentan frenar la ola de violencia ejerciendo presión en las cárceles: traslados de presos a una penitenciaría de máxima seguridad, separación de bandas enfrentadas para evitar choques, inspección de las celdas y división de los grupos criminales.
Los seis detenidos por el magnicidio de Villavicencio fueron cambiados de prisión el miércoles pasado. Según el gobierno, este pudo haber sido uno de los detonantes de los atentados con coche bomba y de los ataques con granadas en Quito que siguieron.
"Pero estamos firmes y no vamos a retroceder en el objetivo de capturar a peligrosos delincuentes, desarticular bandas delictivas y pacificar las cárceles del país", aseveró el presidente Lasso.
(Con información de agencias)
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