Brasil ostenta un polémico récord. Según las estadísticas oficiales y las investigaciones de las organizaciones ambientalistas, el país es el primer consumidor mundial de pesticidas, químicos de uso extensivo en la fumigación aérea e inseparables del poderoso sector de los agronegocios que impulsa a la mayor economía latinoamericana.
Sin embargo, las crecientes críticas y denuncias sobre los peligros que implican los pesticidas para la salud púbica hizo que el Supremo Tribunal Federal (STF) prohibiera la fumigación desde aviones en mayo pasado, cuando validó una ley del estado de Ceará, en el noreste del país, que prohíbe esta práctica desde 2019.
Ahora, presionados por la opinión pública, los pequeños campesinos y los pueblos originarios, otros estados discuten medidas similares. La decisión causó conmoción en el país, gigante mundial de la agricultura, que consumió 719.507 toneladas de pesticidas en 2021; es decir: el 20% del total comercializado a nivel global, según la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO).
El agronegocio, motor de la economía brasileña, hace un uso intensivo, incluyendo por vía aérea, de pesticidas, que sus promotores locales prefieren llamar "productos fitosanitarios" o "defensas agrícolas", algunos de los cuales están prohibidos en muchos países por los significativos efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente.
En la actualidad, en Brasil, que posee la segunda mayor flota de aviones fumigadores en el mundo detrás de Estados Unidos, la pulverización aérea abarca entre 25% y 30% del uso de pesticidas en el país, según los cálculos del sindicato brasileño que nuclea a los pilotos dedicados a la aviación con fines agrícolas.
En el estado de San Pablo, el segundo mayor consumidor de pesticidas en el país y donde la caña de azúcar ocupa cerca de 30% de las tierras agrícolas, el fiscal Gabriel Lino de Paula Pires investiga el uso de la fumigación aérea en la región de Pontal do Paranapanema. "En 20 años, ese monocultivo se ha expandido de manera significativa, alcanzando las fronteras de los asentamientos rurales”, explica el funcionario.
En los cañaverales que circundan a las grandes plantaciones, los pequeños productores rurales denuncian los efectos de la aplicación aérea de pesticidas. "Cuando los aviones sobrevuelan nuestras casas, sentimos los efectos en nuestra salud. Los efectos son casi inmediatos. Los ojos se irritan, sobrevienen alergias en la piel y la tos es recurrente", describe Diogenes Rabello, dirigente local de la organización Movimiento Sin Tierra (MST).
Según la legislación, las fumigaciones aéreas están prohibidas a menos de 500 metros de ciudades y pueblos, y a menos de 250 metros de las fuentes de agua. Sin embargo, "el método siempre presenta un riesgo de desviarse fuera de la zona objetivo", advierte el fiscal. Además, en base a los peritajes solicitados. Pires también destaca que dadas las condiciones meteorológicas en la región, "no es posible aplicar con seguridad agrotóxicos desde aviones".
No es la opinión del poderoso Sindicato Nacional de la Industria de Productos para Defesa Vegetal (Sindiveg), la influyente cámara empresaria que representa legalmente a la industria de productos fitosanitarios y trabaja alineada con los intereses de los grandes establecimientos agrícolas y la industria agroalimentaria.
Fabio Kagi, de Sindiveg, sostiene que "entre los métodos de pulverización, el aéreo es el más regulado". El ejecutivo de la entidad, que tiene más de 80 años de existencia, aduce que la fumigación aérea es el método más rápido sobre el terreno y especialmente útil para abarcar superficies a menudo enormes y difícilmente accesibles por vía terrestre.
Kagi, además, argumentan que los pilotos de los aviones fumigadores requieren licencias específicas y que un ingeniero agrónomo debe estar presente en los vuelos. “Es verdad, pero uno de los problemas más graves reside en que las autoridades estatales fallan en el control”, denuncia Pires.
En Brasil no sólo preocupa la fumigación desde los aviones. También genera alarma el tipo de pesticidas utilizados. Un 30% de los productos aplicados en las plantaciones de caña de azúcar de cinco regiones de San Pablo contenían principios activos potencialmente cancerígenos, según un estudio de la Universidad Federal de Santa Catarina.
Según los investigadores, los resultados señalan una posible correlación con la incidencia de casos de cáncer en esas zonas, que son superior a la media nacional. El mismo estudio indica que 40% de los plaguicidas aplicados por avión contenían principios activos prohibidos, o no homologados, por ejemplo por la Unión Europea (UE).
Informes revisados por la Defensoría Pública de San Pablo indican que Tereos Açucar & Energia Brasil, filial brasileña del grupo azucarero francés Tereos, usó en 2020 el tiametoxam, principio activo de un insecticida. Ese químico está prohibido desde 2019 en la UE, que lo clasifica como "muy tóxico para los organismos acuáticos" y posiblemente perjudicial para la fertilidad humana y los fetos.
No son los únicos casos. Las empresas azucareras brasileñas Sao Martinho y Usina Pitangueiras usaron el fungicida Opera, del grupo alemán BASF, según otros informes revisados por el defensor público. Considerado un "disruptivo endocrino" y un "presunto cancerígeno" por las autoridades francesas, su principio activo, el epoxiconazole, dejó de ser permitido por la UE.
Contactado, Tereos argumentó que usa los productos "autorizados por las autoridades brasileñas" y que respeta "todas sus recomendaciones de aplicación". En el mismo sentido se pronunció Sao Martinho, firma que aseguró que sigue las "reglamentaciones y orientaciones de las autoridades competentes". Usina Pitangueiras, en cambio, prefirió no hacer comentarios.
Si la polémica gana terreno, también lo hace el poderoso lobby agropecuario. A instancia del numeroso bloque de diputados y senadores nacionales que velan por los intereses del sector, el Congreso tiene en agenda debatir un proyecto de ley que facilitaría la aprobación de nuevos pesticidas por parte de los organismos reguladores. Un asunto delicado, no sólo por las consecuencias que tiene sobre la salud de las poblaciones rurales.
La cuestión tiene un componente comercial. El uso masivo de agrotóxicos por parte los grandes productores agrícolas brasileños es uno de los argumentos esgrimidos por los opositores en Europa a un tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur, donde Brasil es el actor principal, seguido por Argentina, otro relevante exportador de granos a escala mundial.
(Con información de AFP)
