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Reestructura de la Aduana: funcionarios cuestionan ante el MEF la reforma e insisten con la "vulneración" de la carrera
Hubo un intento de reforma de la Aduana en 2013, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) lo observó. Tres años después, otra norma reglamentó la reestructura del organismo, pero de nuevo el TCA declaró la nulidad. En 2019 el gobierno aprobó una nueva estructura, y, esta vez, el cambio es analizado por el tribunal –que aún no se ha expresado– y cuestionado por los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), quienes reclaman que se hagan concursos para avanzar en la carrera administrativa, dijo a El Observador el secretario general del gremio, Basilio Pintos.
Los funcionarios de la aduana enviaron una carta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) –la cartera de la que depende el organismo– en la que cuestionan una "serie de cuestiones" que, entienden, "perjudican la gestión aduanera del país". En uno de los puntos critican "la vulneración de la carrera administrativa".
Durante administraciones anteriores las autoridades de la Aduana "pretendieron llevar a cabo una reestructura", dice el texto, pero "presentaba grandes defectos e ilegitimidades que llevaron a la anulación" por parte del TCA.
En 2013, el presidente José Mujica y el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, aprobaron el proyecto de reformulación de la estructura organizativa de la Aduana, pero el TCA declaró su nulidad en 2016 por violar el derecho a la carrera de los funcionarios.
En 2016, el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori aprobaron una nueva reforma de la Aduana que fue declarada nula tres años más tarde. El falló del TCA determinó que “los perjuicios a la carrera de los funcionarios de la DNA se mantuvieron incambiados frente a la sentencia que anulara la anterior reestructura”.
La reestructura en la DNA, que fue impulsada por el exdirector del organismo Enrique Canon implicó la creación de varias unidades y servicios, la imposición de metas de gestión y el pasaje a régimen de dedicación completa para una importante cantidad de aduaneros.
En 2019, nuevamente Vázquez y Astori aprobaron una nueva reforma de la Aduana, que es analizada por el TCA y que el gremio cuestiona: "Merece serios cuestionamientos de forma y de fondo", dice la carta. Según argumentan, esta propuesta de reestructura debía haberse remitido a la Asamblea General para su votación, un requisito con el que no se cumplió.
El decreto establece en su artículo 4 que las retribuciones para los funcionarios estarán en el orden entre un mínimo de $ 107.064 y $ 202.771, según la actualización a enero de 2019. A estos valores se les suma un monto complementario por el desempeño en las funciones.
"El TCA dice bien claro que las funciones son ilegales porque no se puede considerar un ascenso ya que viene otro director y lo puede sacar", criticó Pintos. Para los funcionarios la solución es "llamar a concurso" para acceder a los puestos por "vía administrativa".
Los trabajadores le enviaron la carta al MEF hace unas semanas, luego de hacer un intento en 2020, cuando no obtuvieron respuesta porque la ministra Azucena Arbeleche estaba trabajando en la ley de Presupuesto, relató Pintos. El funcionario dice que si bien la resolución es de la administración anterior, el actual gobierno "la continuó". "Esto lo inventó el Frente Amplio y los blancos lo van a disfrutar", dijo.
"Nadie puede vivir dependiendo de lo que quiera el jefe de turno. Lo que te da seguridad en tu trabajo es el salario por el ascenso, no el acomodo a dedo", sostuvo.
El decreto establece que las designaciones transitorias se realizan a través de un acto administrativo "dictado por el jerarca" de la unidad, en comunicación con la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.
Intervenciones bancarias
Otro de los puntos que cuestionan los funcionarios es la eliminación de la intervención bancaria en las operaciones de exportación, una decisión que "llevó a que las operaciones de venta de bienes al exterior carecieran de respaldo bancario".
"Esta circunstancia a su vez genera incertidumbre para el cobro por parte de los exportadores uruguayos", expresaron y pusieron como ejemplo las exportaciones a Venezuela, en las que la falta de respaldo bancario genera que "existan deudas que hasta la fecha no han podido cobrarse".
La no intervención también dificultó la "identificación de la mercadería exportada", que es crucial para cuando hay "cargamentos de estupefacientes en contenedores". Esta eliminación genera "graves inconvenientes" porque "quita seguridad al cobro de las exportaciones", "dificulta la identificación de personas físicas o jurídicas consignadoras de me mercadería" y "abre un flanco para el lavado de dinero".
El Observador intentó comunicarse con el director de Aduanas, Jaime Borgiani, pero fue derivado al área de comunicación del MEF donde no se obtuvo respuesta para tener su visión sobre el tema.
