“Saber, progreso y universalidad”, dice la inscripción en el acceso hasta la hace poco llamada Universidad Omar Bongo en la ciudad de Libreville, la capital de Gabón, fundada por un grupo de esclavos liberados de un navío brasileño por Francia, país que mediante la firma de un conjunto de tratados con jefes tribules estableció un protectorado a fines del siglo XIX.
Hasta 1960, año en que Gabón se independizó de Francia, el país estuvo gobernado por León M’Ba. Tras siete años de tormentoso pluralismo, en 1968 el gobierno del Partido Democrático de Gabón (PDG), presidido por Omar Bongo, que sucedió a M’Ba a su muerte, estableció un estado unipartidista que llevó a su familia a gobernar hasta el 30 de agosto pasado.
Fue cuando Alí Bongo Ondimba, hijo de Omar, tras siete años en el poder y luego de anunciarse su reelección por otros siete, fue desplazado por un golpe militar que puso fin a 55 años de dominio de la familia, acusada de enriquecerse a costa del petróleo que atesora el país y del que buena parte de su empobrecida población no se benefició a lo largo de medio siglo.
La herencia dejada por los 55 años de dominio de la familia Bongo, de los cuales Omar gobernó casi 42, es la de un país en el que un tercio de su población de 2,3 millones de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza, según los datos del Banco Mundial (BM). Una pequeña fracción, en cambio, vive en la opulencia en el barrio Sablière de Libreville, donde muchas de las villas de lujo pertenecen al clan Bongo, cuyo patriarca Omar dejó 54 hijos.
Los barrios más periféricos, por el contrario, carecen de agua corriente y tienen un acceso limitado al servicio de electricidad. “El gran punto flaco del régimen fue el mal reparto de la riqueza, y que ésta estuviera en manos del 20% de las personas de la clase gobernante”, explica Axel Augé, sociólogo especializado en África central. “El país estaba gestionado como si fuera la propiedad privada de una familia, una suerte de autocracia familiar”, dice Thierry Vircoulon, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI).
En Gabón, viajar de una ciudad a otra es casi imposible por el mal estado de las carreteras y el transporte aéreo es operado por una única compañía privada a precios prohibitivos para el gabonés medio. La única vía férrea del país está a menudo fuera de uso para los pasajeros, ya que se ve monopolizada, cuando no dañada, por los trenes cargados de manganeso, explotado casi exclusivamente por una filial local del grupo francés Eramet.
Según los observadores locales, como las agencias de Naciones Unidas y las ONG’s que trabajan en el territorio, los hospitales públicos carecen de los elementos esenciales y el sistema educativo está prácticamente en ruinas. Dos cuestiones que según los militares que destituyeron a Bongo Ondimba están entre las prioridades del nuevo gobierno.
El petróleo y el manganeso representan cerca del 80% de las exportaciones del país. Gabón es uno de los mayores productores mundiales de ese metal y, acostumbrado a vivir del maná del petróleo, la pequeña nación, que es la cuarta productora de hidrocarburos del África subsahariana, apenas tiene industria y lo importa casi todo, incluyendo frutas y verduras en un país donde las lluvias son abundantes y la tierra fértil.
Estadísticamente, es el tercer país más rico del continente con una renta per cápita de US$ 8.820 anuales. No obstante, la distribución de la riqueza alcanza tal inequidad que casi el 33% de su población vive bajo el umbral de la pobreza, definida según el BM en un piso de US$ 2,15 diarios.
Tras su independencia, Gabón vivió un boom del sector petróleo, pero seis décadas después el diagnóstico es inquietante: “El país no logra traducir sus importantes riquezas naturales en un crecimiento sostenible e inclusivo”, según el organismo multilateral de crédito.
Bajo la presidencia de Omar Bongo (1967-2009), Gabón fue un exponente de la llamada “Françafrique”: un sistema de corrupción, favores políticos y tejemanejes comerciales entre París y sus antiguas colonias africanas, por el que los gobernantes cobraban generosos sobornos y favores a cambio de la explotación de los recursos del país por parte de empresas francesas.
El “caso Elf”, un escándalo financiero que estalló en Francia en 1994, es un buen ejemplo. El asunto se remonta a la creación de la compañía petrolera pública francesa Elf en 1967, el año en que Omar Bongo llegó al poder, con el apoyo de Francia para garantizarse su acceso al petróleo y el uranio de Gabón.
No es el único ejemplo de la denominada “Françafrique”. En otra causa judicial, conocida como “de los bienes mal adquiridos”, de los años 2010, la justicia francesa enumeró bienes inmobiliarios de la familia Bongo en territorio francés por unos US$ 85 millones. Bienes adquiridos gracias a la corrupción practicada en Gabón, según determinó la investigación ampliamente cubierta por los medios galos.
A día de hoy, diez de los hijos de Omar Bongo están acusados de “ocultamiento de desvíos de fondos públicos”, según fuentes judiciales de París. Sin embargo, el depuesto presidente Ali Bongo está a salvo. La razón: goza de inmunidad en tanto que exjefe de Estado. Según la demostró la investigación, el “caso Elf” demostró que la fortuna familiar de los Bongo proviene, “en gran medida, de las comisiones irregulares que pagó Elf” a Omar Bongo y a su clan durante décadas, clan que también cuenta con propiedades en Reino Unido y Estados Unidos.
Luego del golpe de Estado, los militares nombraron a Raymond Ndong Sima, un opositor al derrocado presidente Ali Bongo, como nuevo primer ministro de transición. Ndong Sima, un economista de 68 años, de 2012 a 2014 fue primer ministro del mandatario desplazado, pero luego se alejó del poder, al que acusaba de mala gestión, y se presentó contra el jefe del Estado en las elecciones presidenciales de 2016 y 2023.
Su nombramiento se hizo en virtud de un decreto firmado por el nuevo hombre fuerte del país, el general Brice Oligui Nguema, quien juró como presidente interino con la promesa de garantizar “elecciones libres” y “devolver el poder a los civiles” luego de un período de transición cuya duración no estableció.
Lo afirmó durante una ceremonia en la que participaron cientos de invitados, incluidos ministros del depuesto de Ali Bongo y líderes de su partido, ocasión en la que Oligui Nguema instó a participar en una futura Constitución que será “adoptada por referéndum”, así como dos nuevos códigos, electoral y penal, “más democráticos y respetuosos de los Derechos Humanos”.
La Unión Africana, la Unión Europea, Naciones Unidas y gran parte de los países occidentales condenaron el golpe, pero indicaron que a diferencia de otros siete registrados en los países del continente en los últimos tres años, el ocurrido en Gabón estuvo precedido por una elección claramente fraudulenta, que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó de “golpe de Estado institucional”.
(Con información de AFP)
