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Más de 22 mil hectáreas se vieron afectadas por los incendios.

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Gobierno admite “falencias” tras incendios en el litoral, y movimientos rurales cuestionan falta de previsión

La generación de macizos forestales con “bajo control de riesgo” eran “una bomba de tiempo”, dijeron desde Un Solo Uruguay

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04 de enero de 2022 a las 05:00

Con la situación “controlada” por Bomberos tras varios días de incertidumbre debido a los importantes incendios que afectaron a Paysandú y Río Negro, las autoridades se aprestan a hacer una evaluación de lo sucedido y reconocen que “hay cuestiones a mejorar” para evitar contingencias de este tipo en el futuro. En la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y Un Solo Uruguay (USU), además, cuestionan la falta de previsión y coinciden que es “necesaria” una “revisión” de la forestación.

Este lunes, los ministros Adrián Peña (Ambiente) y Fernando Mattos (Ganadería, Agricultura y Pesca) recorrieron las zonas afectadas y mantuvieron reuniones con otras autoridades, además de vecinos, representantes de las forestales y productores perjudicados por los focos que consumieron más de 22 mil hectáreas en los últimos días.

Durante los encuentros hubo reclamos y algunas acusaciones cruzadas, en especial respecto al papel de las empresas, pero Peña subrayó que se trató de “tensiones naturales” en el marco de jornadas complejas por los incendios que fueron calificados por el jerarca como “históricos”. El ministro de Ambiente dijo a El Observador que dentro de la desgracia surge ahora “una oportunidad de trabajar” porque “quedó en evidencia” que hay “falencias” y “cosas para ordenar”.

Una de ellas tiene que ver con que no en todos los casos se cumple la disposición de que las zonas forestales deben tener una separación de al menos 500 metros con los centros poblados, porque la mayor parte de los proyectos son anteriores a que se dispusiera esta reglamentación y a que el Ministerio tuviera competencia en el tema.

Eso ocurrió en el caso de Piedras Coloradas y Orgoroso, y ahora en Ambiente estudian qué pasos dar en lugares que puedan verse afectados por una situación similar en el futuro. Una de las alternativas podría ser “cosechar en ese radio” para “dejar un menor riesgo a las localidades”, explicó Peña, aunque aclaró que se está estudiando la normativa y no se descarta que se pueda lograr un acuerdo con las forestales para zanjar el asunto.

En diciembre se estableció por decreto que las reforestaciones deben pasar por el ministerio y eso garantiza, según el secretario de Estado, que “de aquí en más” los montes forestales deban estar al menos a medio kilómetro de las localidades, de manera de preservarlas en caso de grandes incendios.

La preocupación de Peña respecto a la cercanía a los pueblos fue señalada igualmente por el ministro Mattos. En una rueda de prensa consignada por Telemundo expresó que se necesitan “medidas correctivas” en las distancias de los bosques a las localidades por el “riesgo” que implican eventuales incendios.

Falta de previsión

Tanto desde la ARU como desde USU cuestionaron la falta de previsión de incendios de este tipo y lamentaron que en Uruguay no haya la infraestructura necesaria para combatir focos ígneos de tales dimensiones.

Gonzalo Valdés Requena, presidente de ARU, dijo a El Observador que lo ocurrido en Río Negro y Paysandú “lamentablemente” deja en evidencia que en el país esto “no estaba cuantificado ni previsto”, aunque subrayó que le consta que desde la Sociedad de Productores Forestales (SPF) se hicieron esfuerzos para prevenir situaciones de estas características. Pero expresó: “No fue suficiente”.

Por su parte, el vocero de USU, Marcelo Nougué, aseguró a El Observador que los incendios dejan “muchos aprendizajes de cómo no hay que hacer las cosas” y dijo que la generación de macizos forestales con “bajo control de riesgo” eran “una bomba de tiempo”.

Además, Guillermo Franchi, que también integra el movimiento de los autoconvocados, expresó que “es la crónica de una muerte anunciada” y lamentó que Uruguay no tuviera cómo combatir este tipo de situaciones. “Estábamos jugados a la suerte, zafamos un montón de veces, pero ahora hay que empezar a mirar esto con otros ojos”, expresó.

Consultado por El Observador, Peña reconoció que “seguramente” haya que reforzar cuestiones en materia de equipamiento y vigilancia; además, destacó que se detectó “una baja percepción del riesgo” y lugares que no estaban lo suficientemente mantenidos como para prevenir siniestros de estas características, algo que fue señalado también por un comunicado difundido por varios grupos sociales de Paysandú, donde se hizo énfasis especialmente en las malas condiciones en las que se encontraban muchos de los cortafuegos.

En el mismo texto también reclamaron la presencia permanente de una brigada de Bomberos en la zona para combatir el surgimiento de nuevos incendios en el futuro, algo que fue señalado también por vecinos y productores de la zona en los últimos días, en las reuniones que se mantuvieron con diferentes autoridades.

Rol de las forestales

Además, tanto desde la gremial como en el movimiento rural señalaron que es necesario una “revisión” de la forestación.

Valdés Requena expresó que es “absolutamente prioritario” tomar medidas y reevaluar la normativa vigente, en particular en lo que refiere a la cercanía con los centros poblados. El productor agropecuario subrayó también que se necesita “controlar más” porque la situación puede representar “un riesgo importante” en otras circunstancias.

En USU fueron más allá y apuntaron directamente a la responsabilidad de las empresas forestales en este tema. “Las cosas no estaban en las condiciones que se debían”, señaló Nougué, mientras que Franchi dijo que hay que “poner más empeño” en las estrategias de control para que las medidas sean efectivas. Además, también cargó contra el rol del Estado: “hay una responsabilidad de las empresas, pero aún mayor del Estado que no controla que las normativas se cumplan”, subrayó Franchi.

En el comunicado de las organizaciones sanduceras, a su vez, se expresó que “ha llamado profundamente la atención la falta de preparación y prescindencia ante los hechos de las empresas forestales presentes en la zona que deberían ser las primeras en tener medidas previstas y en actuar frente a lo que las involucra directamente”.

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