Nacional > Casa de Galicia
Lacalle Pou evalúa veto a ley para pagar deudas a exfuncionarios de Casa de Galicia
El Poder Ejecutivo discute si vetar la ley aprobada esta semana en el Parlamento –tras el visto bueno final del Senado este martes– para cubrir los créditos laborales de exfuncionarios de Casa de Galicia, según informó Subrayado y confirmaron a El Observador el ministro de Trabajo, Pablo Mieres y el subsecretario, Mario Arizti.
La iniciativa supone que todos las deudas por concepto de sueldos, licencias, aguinaldo, indemnizaciones y otros rubros posteriores al concurso de la exmutualista deberán ser atendidas por el fondo de insolvencia patronal del Banco de Previsión Social (BPS). Dado que esa caja contempla también el cierre de otras empresas y que cuenta con unos insuficientes $420 millones, el texto aprobado por el Parlamento sostiene que el Estado "deberá" aplicar un artículo de la ley vigente desde 2018 que lo conduce a "integrar" el monto "a efectos de mantener la cobertura".
"Directamente se incrementa el gasto a un año de las elecciones", había dicho a El Observador el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti.
El Senado ratificó el texto el martes con los votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto, los blancos Sergio Botana y Rosina Piñeyro (madre de Juan Sartori) y el colorado Germán Cardoso como suplente de Raúl Batlle. La iniciativa había partido de una idea del Poder Ejecutivo para poder compensar por hasta US$ 8 millones estos créditos laborales, lo que hubiera topeado en $174 mil por persona el monto a cobrar por cada exfuncionario, contra los más de $600 mil que ya prevé el tope del Fondo de Garantía del BPS.
La oposición ha acusado de inconstitucional la postura del gobierno de solo pretender cubrir los créditos posconcursales y pretender desligarse del monto total bajo la premisa de que ya ha habido pagos a través de la Liga de Defensa Comercial, del seguro de paro especial aprobado por ley ante el cierre de Casa de Galicia y lo que saldrá del propio Fondo de Garantías de Créditos Laborales.
El Frente Amplio, que juntó fuerzas con Cabildo Abierto y los nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo ha defendido que se está cumpliendo con la ley vigente desde 2018 y que esta vía será menos costosa que la de las demandas judiciales de exfuncionarios para cobrar lo adeudado, que se estima en unos US$ 42 millones por créditos laborales.
La votación del proyecto, cuya redacción fue reformulada semanas atrás en la comisión de Asuntos Laborales del Senado, generó varios roces dentro de la coalición y entre los senadores blancos Botana y Straneo con el resto de la bancada.
El texto pasó a Diputados y las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado no dieron el quorum para que entrara como grave y urgente al filo del plazo constitucional para aumentar el presupuesto, por lo que el Frente Amplio presentó en comisión una redacción distinta –ratificada finalmente este martes en el Senado– para atenerse a lo establecido en el fondo del BPS.
