El juez Recarey y el abogado Dentone han sido críticos de la pandemia

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Gobierno se defiende de críticas y apela a información técnica para contrarrestar a los antivacunas

El juicio para detener la vacunación contra el covid en niños seguirá este jueves; certificado definitivo de registro y autorización de la vacuna de Pfizer fue emitido el 7 de junio de este año y tiene una vigencia de 5 años
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07 de julio de 2022 a las 05:01

En la mañana de este jueves representantes del gobierno volverán a verse las caras con el abogado Maximiliano Dentone cuando continúe la audiencia en la que el juez Alejandro Recarey deberá resolver si hace lugar al recurso de amparo para detener la vacunación contra el coronavirus en niños

La primera jornada de interrogatorios registró varios momentos tensos, con militantes negacionistas de la pandemia –entre ellos el diputado César Vega– manifestándose afuera en apoyo a Dentone y Recarey, y una serie de intercambios jurídicos que buscaron impedir que se realice el juicio.

Los abogados del Poder Ejecutivo plantearon en primera instancia que el objeto de la demanda no era correcto y luego pidieron recusar a Recarey bajo el entendido de que no estaba actuando con ecuanimidad y había prejuzgado el tema sobre el que debería resolver. 

Ambos planteos fueron rechazados por el juez, que redobló la apuesta e incluso instó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a responder 18 preguntas antes de las 9 de la mañana de este jueves. El cuestionario tiene como centro la política sanitaria y los componentes de las vacunas que compró el gobierno. 

Manifestantes se reunieron afuera del juzgado

Recarey fue más allá de lo que había pedido Dentone y tras escuchar al abogado de Pfizer, Daniel Argenti, y a los pediatras Gustavo Giachetto y Carlos Zunino –los únicos tres que declararon– intimó al gobierno a presentar el contrato de las vacunas, algo que el Poder Ejecutivo ha dicho que es confidencial.

El juez fundamentó el pedido señalando que Giachetto y Zunino dijeron en la audiencia que “los prospectos de las vacunas de Pfizer” eran públicos por lo que no entendía la “razón” por la que se denegaba el acceso a los contratos de compras de las vacunas. “En otras palabras, no tendría sentido lógico ninguna confidencialidad al respecto”, expresó.

Una vez que finalice la audiencia, Recarey tendrá hasta 72 horas para dictar la sentencia y las partes podrán apelar si así lo entienden.

La judicialización del caso obligó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a dar a conocer información técnica que había mantenido en reserva acerca de las vacunas. Las autoridades de la cartera liderada por Daniel Salinas aprovecharon la ocasión para intentar rebatir punto por punto las críticas de las personas que niegan la pandemia o se manifiestan como antivacunas, a través de la publicación de profusa documentación que sustenta cada una de las decisiones tomadas

En este sentido, una de las novedades fue que el certificado definitivo de registro y autorización de la vacuna de Pfizer fue emitido el 7 de junio de este año, y que tiene una vigencia de 5 años

El documento –firmado por la directora del departamento de Medicamentos del MSP, la química-farmacéutica Isabel Slepak– señala que los viales tienen una vida útil de un año siempre que se mantengan congelados a ultrafrío entre -90°C y -60°C. A su vez, menciona que se venden de dos formas: de a 25 viales (con 6 dosis por cada vial) o de a 195 viales (con 6 dosis por vial).

Si bien el foco de las consultas que hicieron el abogado y el juez estuvieron centradas en la vacuna pediátrica de Pfizer, el MSP profundizó en otras informaciones técnicas, principalmente intentando desmentir los efectos adversos de las vacunas y negando el beneficio de algunas terapias alternativas contra el covid-19.

El gobierno intentó recusar al juez por parcial

Por su parte, la cartera informó que los datos cerrados al 25 de junio reflejaban que el total de fallecimientos “probablemente relacionados” al coronavirus ascendía a 7.331 personas y que esta clasificación era mejor a la consideración de si las muertes eran de personas “por” o “con” covid-19. 

El gobierno expresó que no hubo muertes por las vacunas, y que se notificaron 3.295 eventos adversos (ESAVI), de los cuales 97 fueron considerados como “graves”. 21 de esos casos se produjeron en vacunados con CoronaVac, 69 con Pfizer y 8 con Astrazeneca. A su vez, 174 niños presentaron efectos adversos, una gran mayoría (158) por la vacunación errónea.

El MSP también se refirió a las terapias que no han “demostrado eficacia” y mencionó la utilización de hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, ivermectina, colchicina, azitromicina, suero equino, ibuprofeno nebulizado y dióxido de cloro.

A su vez, negó que la vacuna de Pfizer contenga grafeno, expresó que el aumento de muertes coincidió con el pico de la variante P1 y explicó que el ARN mensajero “no se mantiene en el cuerpo sino que se descompone poco después de la vacunación”.

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