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IMM detectó 24 fiestas clandestinas en casas particulares desde el inicio de la pandemia
En medio de una pandemia en la que las autoridades exhortaron en reiteradas oportunidades a evitar la realización de eventos masivos, la Intendencia de Montevideo (IMM) detectó la organización de 24 fiestas clandestinas con fines comerciales en casas particulares. En tanto, el Ministerio del Interior (MI) realizó de abril a la fecha 296 intervenciones en fiestas clandestinas en todo el país, lo que dejó un saldo de tres imputados y tres detenidos, según datos de la cartera a los que accedió El Observador.
Según un informe publicado por la IMM, hasta el 19 de setiembre fueron 142 los establecimientos que no cumplieron con las medidas sanitarias, como la obligación de tener alcohol en gel, la suficiente distancia entre mesas en los bares o el respeto de horarios para la realización de shows artísticos sobre tarimas. Además, un 58% de esos establecimientos (82) “estaban desarrollando espectáculos” y, “en promedio, el 40% eran actividades bailables".
Del total de locales, 37 fueron intimados “a corregir conductas irregulares”, seis “violaron de forma reincidente la clausura” y 10 locales “se encuentran en trámite de clausura preventiva o definitiva por reincidencias”. El informe señaló que a partir de los operativos hubo “más de 50 denuncias policiales”.
Hasta el momento, las únicas fiestas que fueron autorizadas por el gobierno son aquellas que se celebran en establecimientos habilitados, con no más de 60 personas y una duración máxima de 2 horas y media, además del cumplimiento de todas las medidas y protocolos sanitarios.
La realización de fiestas clandestinas preocupa a las autoridades gubernamentales, sobre todo a partir de un aumento en la cantidad de casos activos de coronavirus en las últimas semanas. El miércoles pasado el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, manifestó en conferencia de prensa la preocupación del gobierno nacional "por algunos hechos vinculados a las fiestas que no están autorizadas de una gran cantidad de personas en los últimos días". Además, agregó que “el gobierno va a aplicar todo el peso de la ley y va a hacer un control muy severo".
Las autoridades tienen previsto seguir tres caminos para sancionar a quienes incumplan las disposiciones sanitarias: clausuras, denuncias penales, y multas entre $37.000 y $1.238.070. Según explicó ante los medios el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, las herramientas para sancionar pueden ser utilizadas en el marco de la ley 9.202 de Salud Pública, que establece que el Poder Ejecutivo debe adoptar "todas las medidas que estén a su alcance" ante la "violación de las disposiciones sanitarias".
