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Imputaron a otras 10 personas por ocupaciones en Santa Catalina y fiscal pide refuerzos para investigar

Diego Pérez advirtió que lo que ocurrió en ese barrio de Montevideo es algo que "está en la historia del narcotráfico" y que se ha dado en otros países como Colombia, México y Brasil

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05 de julio de 2020 a las 05:02

La Justicia imputó a 10 personas por usurpación y robo de energía eléctrica en el marco de una investigación que inició a principios de años el fiscal Diego Pérez, quien indaga una serie de ocupaciones ilegales en un predio municipal y otro privado frente a la playa de Santa Catalina, al oeste del barrio del Cerro.

Pérez logró que la Justicia concediera este viernes un plazo de 15 días para que los imputados desalojen el terreno, y los obligara a fijar un nuevo domicilio ante las autoridades y a firmar una vez por semana durante 60 días en la comisaría más próxima. Tampoco podrán volver a concurrir al lugar, según informó el fiscal a El Observador. Las medidas cautelares dispuestas son sin prisión preventiva.

El delito de usurpación –aplicado para los 10 imputados– tiene una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, la misma sanción que el de hurto de energía eléctrica –también imputado en los 10 casos–.

La investigación se inició a fines de enero cuando la Intendencia de Montevideo realizó la denuncia penal luego de que la comuna fuera advertida de la situación por el Municipio A. Se sabía que el día 23 del primer mes del año varios grupos de personas habían montado carpas en el lugar, y que se disponían a construir casas, algo que hicieron a la brevedad. Y, de acuerdo a la línea de investigación de Pérez, esa acción fue liderada por un grupo de narcotraficantes, algo que en paralelo es indagado por la Fiscalía de Estupefacientes.

"En la declaración del director de Asesoría Jurídica de la Intendencia (Ernesto Beltrame) figura que la ocupación comenzó con camionetas y vehículos de alta gama", señaló el fiscal del caso, a quien también le llamó la atención el "ritmo vertiginoso" con el que empezaron a construir. "Resultó llamativo la celeridad con la que se dio la ocupación, y la disponibilidad que tuvieron de algunos materiales, como la madera", relató.

Hasta el momento, en los más de cinco meses de investigación, fueron imputados por esta causa 29 personas, casi todos por usurpación, salvo en cinco casos en los que Pérez logró que fueran imputados por asociación para delinquir, un delito que tiene una pena de seis meses de prisión a cinco de penitenciaría.

"Esto está en la historia del narcotráfico, y es un fenómeno que ha ocurrido en Colombia, México y Brasil, y ahora se estaría instalando acá", advirtió Pérez.

Según el fiscal, lo que se está replicando en Santa Catalina –y que también ocurrió en otros lugares, como en Casavalle, en donde la Policía y la Fiscalía desarticuló a dos bandas de narcos que se disputaban la zona durante 2017 y 2018– es una situación en la que los delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad socioeconómica de determinadas personas para buscar refugio y extender sus negocios.  

"Es como ocurre en las favelas de Río de Janeiro: gente necesitada de servicios a los que no acceden de otra forma es usada como pantalla (por los narcos). Invocan una necesidad", indicó.

De acuerdo a la información que recabó Pérez, hay más de 700 familias involucradas en las ocupaciones.

Beltrame había explicado a El Observador que la intendencia tiene obras de saneamiento en esa zona de Santa Catalina, por lo que cuando comenzaron las ocupaciones se constató el riesgo de que los caños que pasan por debajo fueran perforados. "El problema es que debajo del predio corren caños de saneamiento, lo cual también es riesgoso para la salud", afirmó el jerarca el 28 de enero.

Refuerzo

Dada la complejidad del caso, y la cantidad de indagados que hay hasta la fecha , Diego Pérez solicitó al fiscal de Corte, Jorge Díaz, que reforzara su fiscalía con más personal.

"Lamentablemente, debo decir que los sucesivos casos que me han tocado en el último tiempo me han impedido mantener una continuidad en la investigación", dijo el fiscal.

"Por eso informé al fiscal de Corte sobre la necesidad de conformar un equipo especial. Hay más de 700 familias, esto es brutal, por lo que puse de manifiesto las dificultades que este caso conlleva", afirmó.
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