Institución de Derechos Humanos pide investigaciones tras constatar más de 100 irregularidades policiales desde 2020

El informe, al que accedió El Observador, utiliza como base un estudio de la Asociación de Defensores de Oficio de julio de 2021, que informó sobre más de 60 casos de vulneraciones a los derechos de las personas en el accionar policial y judicial en lo que iba del año pasado, y cerca de 40 en 2020 (además de un número pequeño de casos sin año).

Dentro de los 102 casos constatados –que el MNP asegura no son la totalidad de los casos ocurridos en el país porque solo se recogen aquellos casos "que respondieron a la consulta formulada" por los Defensores de Oficio– se tipificaron quince distintos tipos de delitos o faltas, de los cuales el MNP diferenció seis para su análisis: abuso policial, amenazas, allanamiento ilegal, lesiones, provocación policial y falta de atención médica.

Se tipificaron 62 casos de abuso policial entre 2020 y 2021, 21 lesiones, once allanamientos ilegales, cinco casos de falta de atención médica, dos casos de provocación policial, y una amenaza.

El informe del MNP cita algunos casos, como el de una persona que declaró que le golpearon la cabeza contra la pared en una seccional y no le dieron comida ni agua por nueve horas; otro de un hombre que fue detenido para que le colocaran un dispositivo electrónico y fue golpeado esposado y de rodillas, lo que le generó una fractura de tres costillas, u otro caso en el que se allanó una casa con una niña de cinco años y personas mayores de edad con "fuerza excesiva" y apuntando con armas de fuego, sin resistencia por parte de las personas que vivían allí.

El estudio de la Asociación de Defensores de Oficios denotó la falta de un abogado desde el primer momento de la detención en algunos casos, un derecho que es importante para detectar casos de tortura, así como también para garantizar "un ejercicio pleno de otros derechos", sostiene el informe.

También se informaron casos de "manejo irregular a través de la presunta firma de formularios de inspección voluntaria", en un número de allanamientos policiales. Algunos casos quedaron registrados en el informe mencionado, pero el MNP advirtió que “son contados los casos donde la policía lleva o llega a exhibir sus cámaras”, por lo que se pueden desconocer otros casos de allanamientos irregulares. 

Recomendaciones

Además de solicitar al Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior que realice investigaciones administrativas en sus dependencias ante las reiteradas "presuntas irregularidades" de personas dependientes de sus organismos en todo el procedimiento de los casos, como un mecanismo de prevención indirecta, el MNP recomienda al Poder Legislativo "tipificar la tortura como delito autónomo en el Código Penal", para prevenir de forma directa este tipo de casos, según informó El País. 

Según el organismo, esta tipificación debe tener una "redacción clara y conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Convención contra la Tortura de acuerdo a lo que han observado y recomendado los organismos de control internacional".

En línea con esta recomendación, también pide al Ministerio del Interior "avanzar en una definición precisa del uso de las cámaras corporales por la policía", que determine "quiénes tienen la potestad de hacer las grabaciones, cómo se regula el encendido y apagado de las cámaras y cómo se accede a los contenidos estableciendo un registro de quiénes lo hacen", además de regular el almacenamiento de los videos y su tiempo de preservación.

También recomienda que la Suprema Corte de Justicia inste a la Dirección Nacional de Defensoría a que instale una mesa de diálogo entre el Ministerio del Interior, Fiscalía y el MNP, para "adoptar acciones concretas" que garanticen el acceso a un abogado a las personas afectadas en los casos de abuso.

También quiere que esta mesa trate la posibilidad de "desarrollar y poner en funcionamiento un registro de casos de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes", como recomienda la Organización de Estados Americanos (OEA). En este punto, invita a participar de la mesa a la Universidad de la República, el Comisionado Parlamentario y la Asociación de Defensores Públicos.