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Intendente de Salto sancionó a director de su equipo por incumplir protocolo sanitario

El director de Descentralización participó en un festejo donde no se siguieron los procedimientos correspondientes para evitar la propagación del covid-19

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05 de diciembre de 2020 a las 15:47

El intendente de Salto, Andrés Lima, resolvió aplicar una sanción económica de 20 Unidades Reajustables ($ 25.820) al director de Descentralización de la comuna, Álvaro Gómez, quien participó de un festejo en el interior de ese departamento, por incumplir aspecto del protocolo sanitario para evitar la propagación del covid-19, según informó la página web de la intendencia.

El festejo se realizó en los últimos días de noviembre, días antes de que el gobierno nacional comunicara una serie de medidas más estrictas en los protocolos para varios sectores de la actividad económica a ser aplicados hasta el 18 de diciembre, en virtud del aumento de los casos de covid-19 en el país.

El director Gómez "lamentó lo sucedido, reconoció el error, solicitó disculpas a la población y exhortó a cumplir con las medidas dispuestas para evitar la propagación de la pandemia", dice el comunicado.

Controles 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) está realizando el operativo Trabajo Responsable, que consiste en fiscalizaciones en todo el país, con el despliegue de 100 inspectores.

El viernes el MTSS presentó el resultado de las inspecciones realizadas en la semana del 30 de noviembre y 4 de diciembre, donde aparece que los incumplimiento de los protocolos por parte de las empresas fue del 59%. Es decir, más de la mitad de un total de 173 empresas inspeccionadas, presentaron algún tipo de irregularidad en esta materia. Ese porcentaje es similar al de semanas anteriores.

Tomás Teijeiro, inspector general del Trabajo, declaró a El Observador que las autoridades están "preocupadas" y que entrarán en una etapa de mayor control y de aplicación de sanciones, con el debido proceso administrativo mediante.

Las multas van desde las 10 UR ($ 12.910) a las 150 UR ($ 193.650) según los casos. También hay que tener en cuenta que, cuando los inspectores van por el tema covid-19, si encuentran otra circunstancia que pone en riesgo a los trabajadores, lo registran como incumplimiento y así entra a correr el procedimiento administrativo. La pena máxima es la clausura inmediata, si la situación es grave. 

 

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