Interpelación a Arbeleche: estas son las interrogantes y los cuestionamientos que lleva el FA

En lo particular, la diputada buscará que Arbeleche clarifique si cumplirá con el compromiso de asegurar una recuperación salarial en 2023. También reclamará saber qué medidas piensa implementar para lograr soluciones de fondo al problema de la pérdida del poder adquisitivo en gran parte de la población, que a su juicio lejos está de ser abordado en forma integral por las políticas que se han implementado o anunciado.

Un pedido concreto de la diputada, según dijo a El Observador, será que el gobierno demuestre "celeridad" y aplique en forma "inmediata" el adelanto del incremento en los salarios públicos y las jubilaciones que anunció en abril y que se efectivizará recién en agosto. 

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Por otra parte, la legisladora acusa a la ministra de Economía de “cambiar de estrategia”, al pasar de la implementación de políticas universales –como la exoneración de IVA a determinados alimentos– a medidas más focalizadas.

De todas formas, acotó que coincide con esa última impronta, ya que "va en sintonía con las políticas de transferencia que el Frente Amplio aplicó en sus 15 años de gobierno". 

Díaz también dijo que le "enorgullece que se reconozca" que la asistencia por vía del Ministerio de Desarrollo Social "es el camino". "Hay gente a la que Estado tiene que asistir. Si no, no logrará interrumplir su trayectoria de pobreza", afirmó. 

En otro orden, la interpelante se detendrá a cuestionar la interpretación que ha hecho Arbeleche de las cifras de pobreza y de empleo. En su visión, Economía muchas veces parte de un diagnóstico errado, e hizo referencia por ejemplo a cuando la ministra destacó la baja de la pobreza infantil en base a una comparación de un promedio semestral contra un promedio anual. De acuerdo a esa comparación, la pobreza infantil bajaba incluso respecto a 2019. Sin embargo, al comparar año contra año –como es correcto metodológicamente– se comprobó que esa baja no había sido tal.

Díaz también incluye en sus cuestionamientos el reciente anuncio de los datos de empleo del primer trimestre. En esa oportunidad, Arbeleche declaró que "en el primer trimestre se han creado 70 mil puestos de trabajo, si comparamos con el primer trimestre del año pasado", aunque en seguida en esas mismas declaraciones precisó que lo que quería decir era que "en el primer trimestre de este año hay 70 mil personas más trabajando que en el primer trimestre del año pasado", que es lo que en definitiva marca el dato. 

Otra de las interrogantes que busca despejar la oposición es cuántos de los empleos nuevos son formales y cuántos responden a los Jornales Solidarios, que finalizan este mes. "Le vamos a preguntar a Arbeleche si va a seguir apostando a puestos de trabajo de $ 6.250" dijo Díaz, en referencia al salario mensual que reciben los beneficiarios de ese plan.

Los costos 

Economía y Finanzas ubicó en US$ 183 millones el costo fiscal de las medidas que implementó hasta el momento relacionadas con los precios, sin contar los beneficios focalizados anunciados el pasado martes, valuados en unos US$ 50 millones. 

En el informe que presentó ante el Parlamento la semana pasada el subsecretario Alejandro Irastorza se señala que la rebaja del IVA  al asado de tira significó US$ 1 millón. La que se aplicó sobre una serie de panificados otros US$ 3 millones. En ambos casos, explicó el MEF, la medida se aplicó porque son productos relevantes en la canasta de consumo y el beneficio impacta directamente en el consumidor final. 

Irastorza incluyó entre estas medidas la "amortiguación" del incremento del precio en los combustibles. Su costo fiscal fue de US$ 60 millones, según dijo. El resultado surge de la diferencia entre los precios fijados por el Poder Ejecutivo y los precios de paridad de importación. Todos estos meses, reafirmó el subsecretario, el gobierno decidió incrementar las tarifas de los combustibles en menor proporción al aumento de los precios de importación. Según indicó, el gasoil está 11% por debajo del precio de paridad y la nafta 2%. 

El cálculo del costo fiscal incluye también el adelanto del incremento en los salarios públicos y pasividades que debía aplicarse desde julio (2% y 3% respectivamente) y que responde al objetivo de incrementar el poder adquisitivo de esos sectores de la población. "Una medida excepcional para un momento excepcional", lo resumió Irastorza. Según las cifras que aportó al Parlamento, al adelanto del aumento en las pensiones supone US$ 90 millones. Otros US$ 30 millones están relacionados a las remuneraciones del sector estatal. 

A todo esto, remarcó, deberían agregarse casi US$ 9 millones a partir de la renuncia fiscal que significa a la devolución del 30% del Impuesto Específico Interno (Imesi) a la compra de combustibles en las estaciones de servicio en las fronteras con Argentina y Brasil. 

Un grupo de trabajo oficial comenzó a analizar en forma pormenorizada las decenas de factores que inciden en la formación de precios. Además de Economía y Finanzas, allí están los ministerios de Industria, Salud Pública y Ganadería, junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Banco Central. Allí se están estudiando los distintos factores que influyen en los costos finales de un producto. Los resultados, adelantó, se divulgarán públicamente esta semana.