La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) investiga dos datos diferentes que fueron derivados por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, sobre la posible ubicación de restos de detenidos desaparecidos en la última dictadura uruguaya (1973-1985).
El presidente de la Inddhh, Wilder Tayler, dijo a El Observador que una de las investigaciones está “avanzada”, que la información es “nueva” y no estaba “registrada antes”. El jerarca se excusó de brindar más datos debido a que la indagatoria fue declarada como reservada.
Respecto a la segunda información, Tayler dijo que era “muy incipiente” y se enmarca en un “contexto colaborativo” con Defensa.
García anunció el fin de semana que desde que está al frente de Defensa derivó información al organismo de derechos humanos, aunque no sabía si los datos eran “relevantes”. “En estas cosas la publicidad es enemiga de la eficacia, publicitar estas cosas es la mejor forma de que no haya avances", comentó a la salida de una visita la Expo Prado.
El ministro dijo que la información "viene por diferentes vías" y que como ministro debe "transmitirla a quien tiene la facultad legal para avanzar en las investigaciones".
"Como se imaginarán, en todos estos procesos hay mucha información, alguna puede ser de utilidad y alguna otra termina no teniendo relevancia. Pero eso lo debe hacer la institución que la ley ordena, que es la Institución de Derechos Humanos, y por supuesto que la Justicia", sostuvo.
Tayler explicó que si bien no hay un protocolo establecido, cada vez que les llega un dato lo primero que hace el equipo de investigación es “corroborar” con el bolsón informativo ya existente.
“Mucha de la información ha sido descartada por falsa o incorrecta. Lo primero que hacemos es decir: ¿ya estuvimos aquí?”, agregó.
El jerarca señaló que luego comienza la búsqueda para “corroborar evidencias”, que puede ir desde "fotos aéreas”, a mapas u otra “cantidad enorme de posibilidades” para “producir prueba”.
“Si es un área de excavación, se da un paso previo que es una cautela judicial. Esa área queda demarcada y ahí se establece una guardia porque en esa zona no se puede innovar”, agregó.
Si bien hay varias áreas –como los batallones 13 y 14– en las que el equipo de antropólogos y arqueólogos realiza excavaciones, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, señaló que hasta el momento no le han solicitado que decrete nuevas áreas de cautela judicial.
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