Cuando tenía 15 años y era estudiante secundaria, Jeannettte Jara se unió a las Juventudes Comunistas. Ahora tiene 49, sigue siendo comunista y fue funcionaria de la presidenta socialista Michelle Bachelet. Cuando Gabriel Boric decidió cuál sería su equipo de colaboradores más cercanos, no dudó en contar con ella y el 11 de marzo de 2022, anunció que Jara ocuparía la cartera de Trabajo.
De sólida formación académica como abogada y administradora pública, casada y con un hijo, Jara se comprometió a que el 1° de mayo de este año, los trabajadores registrados pudieran gozar de 40 horas semanales de trabajo en cambio de las 45 que rigieron hasta el miércoles pasado, cuando fue promulgada por el presidente Boric la ley votada el pasado 11 de marzo, a un año exacta de su asunción en el Palacio de la Moneda, el mismo que fue bombardeado por orden de Augusto Pinochet el 11 de setiembre de 1973, día en que moría el entonces presidente Salvador Allende quien prefirió quitarse la vida antes que entregarse a quienes daban el golpe de Estado.
Chile se convirtió en el tercer país de la región en contar con una reducción de las horas de trabajo. Ya lo habían hecho Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador cuando estuvieron al frente de sus gobiernos.
El hecho es que Jara tiene una muy buena imagen en una sociedad que en setiembre pasado votó mayoritariamente por el Rechazo a la Reforma Constitucional impulsada por la coalición de gobierno de la que forman parte los comunistas como Jara. Tras la votación de la ley de las 40 horas, ella obtuvo el 57% de aprobación en el sondeo semanal de Plaza Pública, de la consultora de opinión pública Cadem.
“Tenemos que actuar con principio de realidad y un Parlamento que eligió el pueblo de Chile con la diversidad que tiene. Para construir mayorías hay que dialogar”, dijo Jara al diario madrileño El País el jueves.
El dato tiene significación porque la ministra, junto al presidente, se había propuesto llegar al 1° de mayo con un aumento del salario mínimo. Sin embargo, en Chile los montos no los decide el Ejecutivo sino el Congreso. Así fue como Boric envió el proyecto al Parlamento, pero en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados los opositores a Boric pidieron que antes de decidir debía escucharse a las cámaras empresariales, cosa que sucederá el próximo 7 de mayo.
Una jugada política para no darle espesor a la fecha emblemática de los comunistas y socialistas. El aumento salarial fue un compromiso de campaña del presidente chileno. El pasado 17 de abril, Boric acordó con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para aumentar de los actuales $410 mil a $440 mil el 1° de mayo (equivalente de U$S 516 a U$S 554) y posteriormente, a $460 mil (U$S 580) el 1° de septiembre.
Si el trámite parlamentario se demora pero aprueba lo acordado entre el gobierno y la CUT, el aumento será retroactivo al 1° de mayo. El proyecto dispone que si la inflación acumulada de 2023 supera el 6%, se realizará un aumento de $10,000 el 1° de enero de 2024, quedando en $470 mil (U$S 592). En julio de 2024 la suma debería llegar a $500.000 (U$S 630).
Los trabajadores beneficiados por este proceso son unos 800.000, que son quienes reciben un salario mínimo de un total de cerca de 9.000.000 que constituyen la Población Económicamente Activa de un total de 20.000.000 de habitantes. La tasa de desocupación ronda los ocho puntos y la protección para quienes pierden el empleo es muy precaria en Chile.
Jara tiene por delante otro desafío mucho más complejo y por eso su apelación al diálogo y la negociación. Ahora, su prueba de fuego será la reforma de pensiones, una deuda con la que Chile carga hace más de una década.
La propuesta de la ministra y del presidente Boric es salir del debate sobre el futuro de la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y centrarlo en que las jubilaciones son muy bajas. En ese sentido, el proyecto oficial es crear un sistema de seguridad social real para los pensionados.
No está definido cómo convivirían el sistema privado con uno público porque las siete AFP que administran las jubilaciones, pese a ser un gran negocio financiero, está arraigado en buena parte de los asalariados. Entre otras cosas, porque flexibilizaron el retiro de la capitalización de cada beneficiario en un 10% de los ahorros de cada persona durante la pandemia del Covid-19.
El primer retiro rigió desde el 30 de julio de 2020, el segundo comenzó a regir el 10 de diciembre de 2020 y el tercero desde el 28 de abril de 2021. Desde cada una de esas fechas, existió un plazo de un año para solicitar cada retiro.
Para que el gobierno de Boric pueda meterse en ese debate precisa más volumen político, necesita recuperarse del golpe del Rechazo a la Reforma Constitucional y su mejor argumento parece ser la gestión. Lo hace con las energías renovables, con proyectos para que la explotación del litio sea amigable con el ambiente, con las normas en materia de seguridad ciudadana, uno de los temas sensibles para la sociedad chilena.
