Funcionarios del Poder Judicial (AFJU) ocupan desde la mañana de este miércoles el Palacio de Los Tribunales (Héctor Gutiérrez Ruiz 1309) exigiendo el aumento salarial del 21,6% que quedó establecido en la ley de Presupuesto de 2010 y que hasta ahora no se ha concretado, pese a existir un fallo judicial que obliga al Estado a cumplir con ese pago. Además, reclaman la designación de un fiscal en la acción de inconstitucionalidad del artículo 733 de la última ley de presupuesto, que permite que "en el caso de deudas salariales que tuviera el Estado, el Poder Ejecutivo se reserva la consideración del pago en oportunidad de la primera instancia presupuestal o cuando hubiera fondos necesarios".
A su vez, los judiciales convocaron a un paro desde la hora 14.30 hasta las 16.30 sin guardia gramial en Montevideo, excepto en las sedes de Ciudad Vieja.
Los trabajadores presentaron el recurso de inconstitucionalidad hace meses y varios fiscales se abstuvieron de intervenir en el caso.
La dirigente de AFJU, Elba Rama, dijo a El Observador que el gremio también rechaza el artículo 15 de la Rendición de Cuentas que establece que el Poder Ejecutivo queda "eximido de los plazos de cumplimiento" de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales, si considera que "ello afecta la atención de los servicios a su cargo. Este artículo fue considerado inconstitucional por varios constitucionalistas consultados por El Observador.
"Si se aprueba (el artículo 15 de la Rendición de Cuentas), por primera vez desde 1985, deberíamos empezar a pensar hasta qué punto existe o no Estado de Derecho en Uruguay" dijo el abogado constitucionalista, Martín Risso.
Para la dirigente de AFJU este artículo "preocupa mucho" al gremio y es "peor" que el 733 de la última ley de Presupuesto por la que presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Por esta razón, los funcionarios analizarán este artículo con más detalle en los próximos días, agregó.
El conflicto de los funcionarios judiciales comenzó a partir de la ley de Presupuesto de 2010, por la que se incrementaron los sueldos de los ministros de Estados pero no los de la Suprema Corte de Justicia, que están equiparados. Ese incremento llevó a que de forma indirecta también debieran aumentarse todos los salarios del Poder Judicial, ya que están enganchados. A pesar de que el reclamo es de hace seis años, solo podrán cobrar el retroactivo de los últimos cuatro porque los dos años anteriores ya prescribieron.
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