Judiciales pedirán a la ONU que se expida sobre el artículo 15

Traidor", le gritaban funcionarios judiciales al diputado colorado Fernando Amado cuando eran desalojados de las barras de la cámara baja el jueves 3. Con su voto se había alcanzado la mayoría para aprobar el artículo 15 de la Rendición de Cuentas, que habilita al Estado a dilatar el pago de deudas por juicios perdidos.

Para los judiciales, esa votación implicó que se ponga en riesgo la posibilidad de cobrar el aumento salarial por el que pelean desde 2011, que viene dado por la ley de Presupuesto de 2012 y que ya fue ratificado en más de una sentencia judicial a partir de recursos presentados.

La dilatación en el tiempo del pago afecta a miles de funcionarios del Poder Judicial y llevó a que 857 de ellos –independientes de la Asociación de Funcionarios Judiciales– se presentaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hace algunos meses, con el argumento de que el Estado está violando la independencia judicial.

Con la aprobación del artículo 15, el abogado que los representa, Pablo Donnángelo, dará un paso más. Se presentará ante la Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas (ONU) por considerar que la norma "despoja al Poder Judicial de una parte esencial de su poder jurisdiccional que es, justamente, "hacer ejecutar lo juzgado"".

¿Qué puede hacer la ONU? La Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados realiza análisis sobre "atentados a la independencia de la judicatura, los abogados y los funcionarios judiciales", así como recomendaciones y advertencias a Estados, a petición de los gobiernos o por denuncias que se le presenten, según indica la web de Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Artículo original y aprobado

Donnángelo reiteró el concepto de que "el poder jurisdiccional conferido por la constitución al Poder Judicial se sintetiza en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". "Esto es: fallar y hacer cumplir con el fallo judicial. En lo que hace al artículo 15, ese poder de hacer ejecutar lo juzgado, cuando el condenado es el Estado le es extirpado al Poder Judicial y asignado al Poder Ejecutivo, lo cual altera la separación de poderes en detrimento del Poder Judicial", explicó a El Observador.

En su redacción original, el artículo en cuestión eximía al Estado de pagar juicios. La norma que finalmente fue aprobada en Diputados con los votos del Frente Amplio y del colorado Amado y que ahora pasa al Senado establece que "el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales", entre otros.

Y agrega: "No obstante, cuando los montos a que refiera la condena sean sentencias laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza, excedan los 75 millones de unidades indexadas (US$ 10 millones), el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad establecida precedentemente o proponer las previsiones correspondientes en la próxima instancia presupuestal". Para el abogado de los más de 800 trabajadores judiciales, si bien hay una mejora con respecto a la redacción anterior y al ahora derogado artículo 733 del Presupuesto (que también habilitaba la dilación del pago por juicios perdidos), "continúa redactado en términos potestativos para el Poder Ejecutivo".

Expertos en derecho administrativo, derechos humanos y constitucional también lo consideran "contrario al Estado de Derecho", violatorio del principio de separación de poderes e inconstitucional.