Juez Daniel Rafecas procesó con prisión a exagentes de la SIDE por secuestro y torturas a Michelini y Gutiérrez Ruiz

El pronunciamiento del juez ocurre en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército donde se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Los imputados son el agente de Inteligencia Rubén Héctor Escobar, quien habría actuado en los tres centros clandestinos junto a su hermano Enrique Osvaldo Escobar, fallecido unos meses antes a que el juez dispusiera la detención. Los otros procesados son César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, Patricio Miguel Finnen y Luis Nelson González.

Los cinco imputados fueron encontrados responsables por la privación ilegal de la libertad agravada y el sometimiento a tormentos de 120 personas, la participación como cómplices primarios en el homicidio de 23 personas entregadas desde el centro clandestino por los imputados, para su inmediata eliminación; la coautoría en un homicidio y la retención u ocultamiento de cinco menores de diez años, a la vez que se trabó embargos por sumas que superaron los 50 millones de pesos argentinos (US$ 5 millones).

La investigación llevada a cabo por Rafecas logró probar que bajo la autoridad de la Secretaría de Inteligencia del Estado funcionaron durante los años 1976 y 1977, tres centros clandestinos de detención, en los cuales se alojaron a 123 víctimas que fueron sometidas sistemáticamente a torturas. El primero de ellos fue el ubicado en Bacacay 3570 del Barrio de Floresta, por donde pasaron al menos 32 víctimas; el segundo y más importante por la cantidad de víctimas trasladadas allí y el tiempo de funcionamiento, fue el conocido como Automotores Orletti, ubicado en la misma manzana que el anterior, por donde el juez tuvo acreditado que pasaron 83 víctimas. Por último la investigación da cuenta de que existió el centro de detención ubicado en Pomar 4171, alquilado por la SIDE en el año 1977, en donde fueron alojados siete integrantes del partido comunista, entre ellos, el diputado del Partido Comunista Juan Carlos Comínguez, y el agente de bolsa Pedro Zavalía, llevado por la banda lideraba por Aníbal Gordon, a la Provincia de Córdoba, donde permaneció cautivo.

Si bien la investigación originariamente estuvo centrada en los crímenes cometidos en el centro de detención Orletti, ubicado en Venancio Flores 3519 de Floresta, nuevos elementos probatorios permitieron lograr la identificación de los otros dos centros clandestinos, que funcionaron en forma coordinada con Automotores Orletti, configurándose un circuito represivo, según da cuenta el fallo de Rafecas.

La referencia al domicilio de Bacacay 3570 surgió en documentos que fueron desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, referentes a la dictadura cívico militar de nuestro país, en los cuales se consignó que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon, quien como se probó en el Juzgado Federal 3, habría actuado con varios integrantes de la Secretaría de Inteligencia, entre los cuales se encontraban los ya condenados Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz, bajo las órdenes de varios militares de la SIDE. 

La vivienda, que hoy es una casa de familia, conserva aún el pequeño sótano que fue reconocido por las víctimas en la inspección judicial realizada por el Juzgado.

El fallo de Rafecas señaló que el entonces senador Michelini, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, estuvieron detenidos clandestinamente en Bacacay y sometidos a torturas.

Hasta el momento, en la investigación se había probado que Gutiérrez Ruiz y Michelini habían sido detenidos el 18 de mayo de 1976 en un operativo ilegal, y que habían permanecido cautivos en un sitio no identificado, para luego ser víctimas de homicidio mediante disparos de armas de fuego. Según las pruebas, sus cadáveres aparecieron el 21 de mayo junto con los de Rosario Barredo y William Withelaw, en un automóvil marca Torino, en la jurisdicción de la Comisaría 40 de la Capital Federal.

La también uruguaya Rosario Barredo fue secuestrada el 13 de mayo junto a su pareja William Whitelaw, su hija Gabriela de 4 años, y los hijos de ambos María Victoria de 1 año y medio, y Máximo de apenas dos meses de edad. Los cinco fueron mantenidos en cautiverio en un mismo lugar, hasta que fueron separados, cuando Rosario y William fueron trasladados para su homicidio.

En la resolución, el Juez valoró cada una de las pruebas y aseveró que tanto Michelini como Gutiérrez Ruiz, antes de ser asesinados, permanecieron en Bacacay. El elemento fundamental en el cual centró su análisis fue la declaración de Gabriela Schroeder, hija de Rosario Barredo, quien brindó una descripción del lugar de cautiverio, concordante con la brindada ante el Juez Rafecas por las otras víctimas del mismo centro clandestino.

La descripción que la testigo hizo del baño, el patio descubierto, la entrada del lugar, la cocina, los pisos del inmueble, la habitación en la cual permaneció junto a sus hermanos, y los ruidos que se escuchaban desde el lugar, fueron concordantes con los relatos de las víctimas que se probó que permanecieron en Bacacay, como Anita Larrea de Jaroslavsky, Emma Le Bocec o Cristina Micieli, cuyas descripciones a su vez fueron coincidentes con las aportadas por María Ester Poggi, compradora del inmueble en el año 1977.

La testigo recordó haber visto fotos de Automotores Orletti, donde suponía que podían haber estado cautivos, y haber revisado los planos del lugar, sin que tales imágenes coincidieran con sus recuerdos.

También resultó revelador el testimonio del uruguayo Juan Ignacio Azarola Saint quién estando cautivo en la misma fecha, recordó que se escuchaba corretear y jugar, a un niño y a una niña de alrededor de 4 a 6 años de edad, a quienes se les prohibía acercarse a determinadas habitaciones del centro clandestino; de hecho pensó el testigo que se trataba de los hijos de Gutiérrez Ruiz, quien juntamente con Michelini, habían sido secuestrados 48 horas antes.

Asimismo declararon en la causa Juan Pablo Gutiérrez Ruiz y Zelmar Eduardo Michelini, hijos de las víctimas, y a partir de sus testimonios y otros elementos agregados a la causa, concluyó que el personal que intervino en ambos operativos era el mismo que actuaba en la base de Bacacay, surgiendo especiales referencias a Gordon, y a Osvaldo “Paqui” Forese.

En la investigación también se valoró que Margarita Michelini, hija del senador, fue secuestrada por "Paqui" y llevada a Orletti, donde varios victimarios resaltaban el parecido con su padre, y que fue ella quien en Montevideo, vio la máquina de escribir que los mismos perpetradores habían secuestrado en el operativo llevado a cabo en el Hotel Liberty.

Por otra parte, el juez Rafecas probó que el Grupo Operativo que conformaba la llamada OT 18 en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado, no sólo conformó Automotores Orletti, sino también el centro Bacacay. El legajo de un agente de Inteligencia, remitido al Juzgado Federal, reveló que el OT 18 ya había sido creado en marzo de 1976, fecha en la cual comenzó a usarse Bacacay como centro de detención.

Otra circunstancia tenida en cuenta por el juez fue la información proporcionada por un periodista que tuvo contacto con uno de los victimarios, que terminó identificándose como Miguel Ángel Furci –condenado por su actuación en Orletti-, en donde aparecen múltiples datos que fueron corroborados en la investigación, y entre ellos, la referencia a que el personal responsable del secuestro de Zelman Michelini y Gutiérrez Ruiz era el destinado a la base de Bacacay.

Ahora Rafecas investigará si los agentes del Servicio de Inteligencia de Uruguay, y el personal militar que actuó en Orletti, y con respecto al cual el juez pidió ya la extradición, también podrían ser responsables por los crímenes de Bacacay.