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Juez Rafecas: "Verdad y justicia ya son parte del ADN argentino" y "tenemos camino despejado para investigar durante la próxima década"
El juez federal argentino Daniel Rafecas sostuvo que en Argentina "nadie se anima a poner en agenda" un cuestionamiento a los "procesos de verdad y justicia" y que "el tema está fuera de agenda, incluso para las elecciones (PASO) de este domingo".
El magistrado disertó este jueves en un conversatorio sobre los Juicios de Lesa Humanidad convocado por la Unesco y la Universidad de la República (Udelar) y defendió la forma en que las investigaciones vinculadas a causas de la dictadura lograron instalarse en Argentina.
"Estos procesos de verdad y justicia ya forman parte del ADN argentino y son muy importantes para la consolidación del modelo democrático, así que de ahora en más jueces y fiscales tenemos el camino despejado para seguir investigando, por lo menos la próxima década, este tipo de crímenes", declaró Rafecas a El Observador.
Esta afirmación del juez –que está al frente de la causa del Primer Cuerpo del Ejército que involucra la detención y la tortura en Bacacay de los legisladores uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini en 1976– contrasta con la presentación de la exjueza uruguaya Mariana Mota (y extitular de la Institución Nacional de Derechos Humanos), quien alegó que en Uruguay "la Justicia no ha cesado de tener obstáculos para determinar destinos de detenidos desaparecidos" y que "más allá del sostenido silencio" de los perpetradores, "el Estado no ha colaborado eficientemente para colaborar en el acceso a los archivos".
De todas formas, Rafechas reconoció que el "gran obstáculo" para proveer verdad y justicia en los países de la región ha sido "el paso del tiempo".
El juez señaló que Argentina tuvo "casi dos décadas de olvido e impunidad inmediatamente después del juicio a las Juntas Militares" impulsado en el gobierno de Raúl Alfonsín. El juez apuntó como "tres hitos fundamentales" las causas llevadas a cabo por el fiscal Julio César Strassera, la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y del Punto Final –señaladas por favorecer a la impunidad, junto a los indultos firmados por Carlos Menem en los '90– y la manifestación masiva en 2017 que frenó el fallo de la Suprema Corte para instalar un 2x1 que permitiera liberar anticipadamente a represores.
El juez argentino destacó la renovación de la Suprema Corte definida por Néstor Kirchner en 2003, cuyos "integrantes con conciencia de derecho internacional" permitieron "volver a integrar a la comunidad internacional, que es la que reclama que se investiguen este tipo de crímenes". Rafecas refirió en su disertación a un "giro de 180 grados" y una "política de Estado en que los organismos trabajan de común acuerdo" en este sentido.
Hoy en Argentina hay unos 1.200 condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina y entre 500 y 800 que "van camino a serlo".
"Si en el 2003, cuando hubo un cambio en la política de Estado, se hubiese convocado a un plebiscito para ver qué se prefería, si reabrir los casos o dar vuelta la página, no tengo ninguna duda que ese plebiscito lo hubiéramos perdido. Porque la sociedad está influenciada por medios masivos de comunicación y por las políticas de gobierno", que a su entender tuvo "17 años constantes de discursos" contrarios a esta búsqueda, "al término de esos 20 años la opinión pública va a acompañar ese parecer".
"Lo hubiéramos perdido. No lo hicimos, afortunadamente. Era claramente una opción contramayoritaria", opinó el juez.
Debate sobre los discursos de odio
Rafecas planteó su "profunda preocupación" por la circulación de "discursos negacionistas o antidemocráticos" en las redes sociales, lo que supone un "debate pendiente". El juez señaló que no es un experto en la materia, pero que en su país "causó mucha conmoción que a partir de discursos de odio que circulan en redes sociales, hubo un atentado a la vicepresidenta".
"Esto fue un hecho concreto, real y está demostrado que el origen de discursos de odio viene de esa circulación de información. Tarde o temprano en Occidente nos vamos a tener que dar un debate con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el funcionamiento de estas aplicaciones como Instagram, Twitter y Facebook, en donde circulan discursos de odio que luego se convierten en cosas muy malas", afirmó.
Gutiérrez Ruiz y Michelini
Tras disponer el procesamiento con prisión preventiva de seis agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que participaron en la detención y torturas a los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, Rafecas explicó que la causa "pase al juicio oral quizás el año que viene y en dos años quizás haya un debate juicio oral y público".
El magistrado aclaró no obstante que "va a estar limitado a los acusados argentinos, porque la justicia uruguaya hasta la actualidad no ha extraditado a los represores uruguayos que cometieron delitos" en Argentina, un pedido que vienen formulando desde 2005, apuntó.
Los imputados fueron encontrados responsables por la privación ilegal de la libertad agravada y el sometimiento a tormentos de 120 personas, la participación como cómplices primarios en el homicidio de 23 personas entregadas desde el centro clandestino por los imputados, para su inmediata eliminación; la coautoría en un homicidio y la retención u ocultamiento de cinco menores de diez años, a la vez que se trabó embargos por sumas que superaron los 50 millones de pesos argentinos (US$ 5 millones).
