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Justicia imputó al hijo del contratista de fútbol por la amenaza a fiscal Ferrero
La Justicia imputó este miércoles a un hombre de 38 años en el marco de la investigación por las amenazas dirigidas a la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero en mayo de este año.
El fiscal de Flagrancia de 5º Turno, Diego Pérez, imputó al hombre por tenencia no autorizada de municiones y un delito de violencia privada especialmente agravado en reiteración real, y se dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario total y tobillera electrónica por 60 días, según informó la fiscalía a través de Twitter.
El hombre es hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, que el lunes fue imputado por tenencia y porte de armas en lugares públicos.
El hijo de Arias tiene un celular desde el que salió el mensaje con amenazas a Ferrero el pasado 10 de mayo. El imputado negó haber enviado ese mensaje pero la fiscalía entiende que está implicado.
Ferrero fue amenazada 24 horas después del atentado contra la sede de la Dirección General de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. En esa madrugada, los atacantes emplearon una granada de origen militar que destruyó cinco vehículos.
Ambas investigaciones –este ataque y la amenaza– estuvieron vinculadas desde un inicio.
El grupo criminal al que apuntan Pérez y los efectivos de Inteligencia se identifica con la sigla PCU, una marca que apareció al final del mensaje enviado a Ferrero, y que fue encontrada en ladrillos de cocaína de las últimas grandes incautaciones.
Por el caso del ataque a la sede policiales, la investigación sigue las pistas de delincuentes que operan desde la cárcel. De hecho, uno de los primeros indagados fue un recluso de la cárcel de Santiago Vázquez (antes Comcar), que el 29 de mayo se presentó ante Pérez. Este hombre había sido imputado por narcotráfico el 17 de abril y durante el operativo policial que lo detuvo había amenazado con realizar un ataque al edificio de la Brigada Antidrogas.
Las demás personas enjuiciadas en las últimas semanas por este ataque fueron imputadas por encubrimiento, tenencia, porte, tráfico y comercio de armas, y asociación para delinquir. Solo tres del total de 16 enjuiciados por el atentado fueron enviados a prisión preventiva mientras Pérez prepara la acusación. Al resto se le impuso régimen de prisión domiciliaria o medidas limitativas, como fijación de domicilio.
