A dos semanas de que su nombre apareciera en los portales de noticias de Uruguay, el chipriota Georgios Shipillis salió públicamente por primera vez a poner su nombre en defensa de la trayectoria de Kirma Services OÜ, la firma con sede en Estonia, de la que es principal accionista, y a la que el Ministerio de Turismo realizó una compra directa por US$ 280 mil dólares que luego fue frenada por el Banco República por contravenir las normas antilavado.
Mientras el Parlamento y la Fiscalía avanzan en paralelo en la investigación del procedimiento que llevó a esa contratación, Kirma contrató hace aproximadamente una semana al abogado penalista uruguayo Eduardo Sasson con la intención de resarcir el "daño a la reputación" de la compañía, y en las últimas horas emitió un comunicado a la opinión pública uruguaya, en el que manifiesta su “profunda preocupación por el manejo de información absolutamente falsa y mendaz que se ha divulgado en medios de prensa”.
"A raíz del manejo de información incorrecta, de forma mendaz y temeraria, vinculada a nuestra firma, nos encontramos atravesando importantes perjuicios reputacionales que nos llevan a evaluar, en conjunto con quien ostenta la representación legal de nuestra firma en vuestro país, Dr. Eduardo Sasson, las acciones a desarrollar para el cese y mitigación de los daños causados", dice el comunicado en el que la empresa "enfatiza que no tiene, ni tuvo nunca, vínculo alguno con actividades ilícitas ni tampoco lo ha tenido nuestro director y principal accionista", en referencia a Shipillis.
Intermediación con tecnología
El documento, con la firma de Shipillis, describe a Kirma como una empresa fundada en Tallin, capital de Estonia, el 22 de junio de 2018, para “desarrollar servicios en el rubro de la publicidad digital como Media Brokerage”.
“Es decir, nos dedicamos a la intermediación entre proveedores de servicios de publicidad digital y potenciales clientes demandantes de los mismos. Estas intermediaciones se realizan con distintas variables demográficas que se utilizan para optimizar los resultados como GeoIP, edad, intereses, portales webs en específicos, entre otros”, indica el comunicado.
En concreto, las empresas de “media brokerage” se dedican a encontrar –mediante software y tecnologías de la información– oportunidades de publicidad en sitios que sean de interés de un cliente. Según explicaron a El Observador distintos empresarios del rubro publicitario, existen algunas “media brokerage” de gran tamaño pero también hay muchas otras pequeñas que pueden lograr un alcance importante en la publicidad de un cliente mediante herramientas informáticas.
Sin embargo, hasta el momento Kirma no se presentaba directamente como “media brokerage” ni en su página web ni en la propuesta que acercó al Ministerio de Turismo, más allá de que sí daba a indicios de manejo de herramientas informáticas, como el uso de la red Display de Google Ads o la georreferenciación.
En su página web, modificada por última vez a pocos días de presentar su propuesta ante las autoridades uruguayas, Kirma se describe como una compañía de “e-commerce 360”, que “va desde el análisis de la idea, hasta el desarrollo de producto, y la comercialización y logística”. “Desarrollamos soluciones globales, sin importar dónde estés tú o tus clientes. Desde 2018 hemos sido socio confiable de marcas de primera clase mundial”, señala el sitio.
En el comunicado público emitido ahora en respuesta al debate que se generó en torno al contrato con el Ministerio de Turismo, Kirma dice poseer "una gran experiencia en dos formatos que actualmente son líderes mundiales en performance digital: Native Ads y Push Notifications" y que "para trabajar dichos formatos la firma utiliza la red y asesoría de prestigiosas empresas como Taboola, AppsFlyer, Voluum y MGID, entre muchas otras".
"Durante estos años hemos desarrollado nuestra actividad con prestigiosos clientes y proveedores, así como participado en importantes campañas de publicidad digital en todo el mundo", añade el comunicado.
En su página web, Kirma destaca entre sus clientes a Coca-Cola, Sony, Calvin Klein y Oral-B. Ante el pedido de documentación que pruebe algunos de esos antecedentes, desde la empresa respondieron que tramitarían el permiso con sus clientes para poder otorgar la información.
El Observador también consultó a Kirma acerca de cuáles son los dos premios que tiene la empresa –así lo indica su sitio web–, pero todavía no obtuvo respuesta.
Las credenciales de Kirma quedaron en entredicho a partir a partir de una nota del semanario Búsqueda que daba cuenta de la escasa información existente sobre la compañía, y agregaba que algunos datos presentados ante las autoridades, como el número de contacto o el mail registrado en documentos oficiales, no conducían a ningún responsable.
En el comunicado a la opinión pública, Shipillis no da detalles de la plantilla de Kirma o las razones por las que la empresa siempre se dirigió al ministerio desde una casilla institucional sin un nombre y apellido.
El documento tampoco se hace mención a cómo se dio el acercamiento de la oferta. Si bien el exministro Germán Cardoso dijo en un principio que la oferta de Kirma fue presentada y recomendada por la agencia Young & Rubicam –que asesora a la secretaría de Estado en su estrategia de publicidad–, según fuentes de Turismo la propuesta vino por parte de su entorno más cercano, a través de su adscripto Daniel Reta y de Elbio Rodríguez, un "prestamista" vinculado al mundo de las apuestas que participaba de reuniones en el ministerio. En su perfil de Linkedin, Rodríguez se define como "Online Gambling Business Trayectoria Experiencia Confianza (sic)". Las fuentes consultadas por El Observador dijeron que mientras que Reta figura en mails y otros documentos adjuntos al expediente de la contratación, Rodríguez fue el principal articulador de la oferta y la adjudicación a la enigmática compañía.
Este sábado, El País informó que una funcionaria del Ministerio de Turismo advirtió en una cadena de mails sobre las escasas credenciales de Kirma. "En el caso de Kirma no surge información sobre la empresa en la propuesta, ni en internet”, planteó la trabajadora en el marco del intercambio de información para inscribir a la compañía en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
