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La autocrítica de Bonomi y sus "tres cosas fundamentales" para justificar aumento de delitos

El ministro del Interior se refirió de nuevo al proceso penal, pero habló de un programa que quedó por el camino por falta de presupuesto y de la debilidad de las comisarías

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12 de agosto de 2019 a las 15:55

Cuando al ministro del Interior Eduardo Bobnomi le preguntan si se ha hecho alguna autocrítica como ministro del Interior, responde que hay "tres cosas fundamentales" que explican algunos fracasos de su gestión. Eso es lo que hizo este viernes en declaraciones a Informativo Sarandí, y es lo que volvió a hacer este domingo a la noche, cuando fue entrevistado en el programa Séptimo Día de Canal 12.

La primera de esas "cosas", aseguró en la televisión, refiere a una falencia que señalan casi todos los candidatos de la oposición, e incluso el candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez: el debilitamiento que han tenido las comisarías en los últimos años. Desde 2011, Bonomi llevó adelante una transformación de la policía que implicó un reordenamiento administrativo y operacional que tuvo como consecuencia que las seccionales perdieran potestades a favor de las Zonas Operacionales, las áreas de las jefaturas que asumieron la planificación del patrullaje y la investigación de los delitos –que antes estaba en manos de los comisarios.

Esa estructura, dijo el secretario de Estado, "incluía que las comisarías pasaran a ser comisarías comunitarias, atendiendo la cercanía con la gente". Pero eso no ocurrió. "No lo pudimos hacer porque el reclamo por policías en la calle cumpliendo tareas de prevención, disuasión y represión fue tan grande que pusimos (esos) policías", dijo el ministro. El jerarca admitió de esa manera el "agujero" que tiene el ministerio ahora y que están "trabajando en ese sentido".

Siete Zonas

El segundo problema que enfrentó Bonomi, según su propia "autocrítica, fue el desmantelamiento del Plan Siete Zonas debido a la falta de presupuesto y coordinación. Este proyecto, que se instrumentó entre 2012 y 2015, tenía como objetivo mejorar la convivencia de quienes vivían en el área metropolitana a través de tres tipos de intervenciones: programas sociales, un rediseño de la infraestructura y mejor seguridad, lo que no implicaba necesariamente más policías con efectivos más comprometidos con la comunidad.

Además, se buscaba implementar nuevo sistema de patrullaje y unidades especiales dedicadas a combatir el crimen organizado en donde se aplicara el programa, que a su vez necesitaba de la articulación de distintos organismos del Estado para llevarlo a cabo.

"Cada organismo tenía que aportar parte del presupuesto para que eso funcionara. Y se hizo lo que se pudo en ese gobierno", dijo Bonomi en Canal 12, y agregó: "Cuando se trabaje en proyectos, cada proyecto tiene que estar presupuestado en el presupuesto nacional, y esa es otra autocrítica que tenemos que hacer".

El Código del Proceso Penal

El tercer punto de Bonomi refiere a un argumento que han repetido tanto él como el presidente Tabaré Vázquez, y es lo que han llamado "efecto noviembre".

El relato del gobierno asegura que la suba de los delitos se explica en parte por lo ocurrido a partir de ese mes de 2017, cuando comenzó a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Por fallas en su implementación y algunos desajustes que hubo necesidad de corregir, 1.400 personas –según cálculos de la cartera de seguridad– que tendrían que haber sido enviadas a prisión quedaron en libertad. 

Es por eso que Bonomi dijo ahora que él hubiera preferido que el nuevo sistema penal se hubiera puesto en práctica en 2021, con otro gobierno y un "presupuesto nuevo".

"La autocrítica que me hago es pensar que empezó a funcionar a mitad de un gobierno, y que en realidad tenía que estar funcionando en 2021", sostuvo.

A fines de 2018, Tabaré Vázquez expuso un estudio encargado al profesor Spencer Chainey de la University College of London, que concluyó que el nuevo proceso penal tenía directa responsabilidad en el aumento de la inseguridad.

“Aquí, si no se hubiera instrumentado el nuevo CPP, y se hace la prolongación teniendo en cuenta el valor de la pendiente, al iniciar el 2019 casi estaríamos con una baja del 30% de las rapiñas”, dijo entonces el mandatario.

En la presentación oficial de datos correspondientes a 2018 que hizo Interior en marzo de este año se constató un récord absoluto en la cantidad de crímenes en la historia de Uruguay, desde que se lleva registro. En comparación a 2017 las rapiñas habían aumentado 53,8% –de 17.956 pasaron a 27.798–, mientras que los asesinatos habían subido 45,8% –274 contra los 414 que hubo este año.

Días atrás, la cartera presentó estadísticas de los primeros seis meses de este año, en donde mostró una disminución de 22,6% los homicidios, de 4,9% de los hurtos, pero un aumento de las rapiñas de 9,2%

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