Chile es uno de los países de la región, junto a Uruguay y Costa Rica, que siempre ha sido puesto como ejemplo de transparencia institucional. Sin embargo, tres grandes casos de corrupción develados en los últimos meses han generado un sismo político en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien llegó a remover buena parte de su gabinete, anunció medidas contra la corrupción y aseguró que a partir de setiembre se comenzará a discutir una nueva Constitución.
El caso Caval
El hijo. El llamado "caso Caval" se refiere a un millonario negocio inmobiliario en el que está involucrado el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, que ejercía como asesor de su gobierno, y que ahora es investigado por la justicia por presunto trafico de influencias y uso de información privilegiada. Era hasta hace unas semanas director sociocultural de la Presidencia, cargo que generalmente ocupa la primera dama y al que él renunció.
La nuera. Se supo que Dávalos asistió a una reunión con el vicepresidente del Banco de Chile precisamente al día siguiente de la victoria en las urnas de Bachelet. En ese encuentro, su esposa Natalia Compagnon, directora de una empresa, recibió del banco un crédito por US$ 10 millones para un negocio. La derecha opositora acusó a Dávalos por "tráfico de influencias", mientras que el gobierno negó cualquier irregularidad y aseguró que el crédito se trató de un contrato "entre privados", sin ninguna relación con la mandataria.
Enterada. El escándalo de Chile es menos grave en términos legales, pues Bachelet no es sospechosa de haber cometido delito alguno, sino de contradecirse con su discurso de terminar con los privilegios. Cuando se conoció el caso, la presidenta estaba de vacaciones y en cierta medida inmune a él. A su regreso analizó todo y ordenó crear un marco que regule la relación entre política y negocios.
El caso Penta
Elaborado plan. El caso Penta destapó un elaborado plan que utilizó el grupo económico Penta para evadir impuestos, pero también sobornar a cambio de favores a Pablo Wagner –subsecretario de Minería durante el gobierno de Sebastián Piñera–, quien está acusado de cohecho y lavado de activos.
Revuelo. El escándalo despertó un gran revuelo en Chile ya que reveló un gran entramado de supuestas acciones delictivas involucrando a bancos, aseguradoras y firmas inmobiliarias, con activos que borden los US$ 20.000 millones.
Oposición. El grupo Penta, uno de los más importantes de Chile, usó por años este mecanismo para financiar las campañas y el funcionamiento del conservador partido Unión Demócrata Independiente, el más importante partido de oposición.
Boletas. El mecanismo ilegal implicaba el uso de boletas de honorarios falsos, que involucran, entre otros, al actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, dos senadores de derecha y dos excandidatos presidenciales.
Cargos. La Justicia hasta ahora ha formalizado cargos a cinco políticos opositores, pero se espera pronto un nuevo desfile de políticos en tribunales.
El caso Soquimich
Pinochet. El caso SQM o Soquimich involucra a una empresa controlada por Julio Ponce, exyerno del exlíder de facto Augusto Pinochet, por el que se abrió una investigación por financiamiento ilícito.
Asesores. La semana pasada, uno de los principales recaudadores de la campaña electoral de Bachelet –Giorgio Martelli–declaró ante la Justicia y abrió un nuevo flanco de críticas hacia la presidenta por eventuales ilícitos en recaudación de fondos electorales. Martelli es investigado por eventuales delitos tributarios asociados a su empresa Asesorías y Negocios (AyN), que la Justicia cree fue usada como pantalla para la recolección y distribución de fondos a una veintena de asesores cercanos a Bachelet, entre ellos su exministro del Interior y hombre de confianza, Rodrigo Peñailillo.
Campaña. Los pagos, de unos US$ 360 mil, se habrían realizado antes de que Bachelet oficializara su intención de competir nuevamente por la Presidencia de Chile, en marzo de 2013. La legislación chilena permite el aporte de empresas a las campañas políticas solo 90 días antes de las elecciones. En este caso, a partir de agosto de 2013.
Recursos. SQM, considerada la mayor minera no metálica del planeta, financió también por años a políticos tanto de izquierda como de derecha a través de un mecanismo que les permitía a las empresas entregar recursos y descontar impuestos de sus contabilidades por medio de las boletas de honorarios.
