Juan Raúl Williman, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) que representa a ocho víctimas de Gustavo Penadés, criticó que el Ministerio del Interior fue "inoportuno" al comunicar el vencimiento del comodato del edificio donde trabaja el consultorio un día después de que el exsenador fuera imputado por más de 20 delitos sexuales contra menores.
El consultorio funciona desde 2017 en la sede de la Asociación de Familiares y a víctimas de la Delincuencia (Asfavide), en la avenida General Flores 2419, gracias a un convenio entre la asociación, Udelar y el Ministerio del Interior. María Luisa Ramírez, presidenta de Asfavide, explicó a El Observador que el local era propiedad del BPS y, tras un convenio con Interior, fue cedido en comodato por ambos organismos a su organización y Mujeres de Negro.
En una entrevista con Las Cosas en su Sitio (Radio Sarandí), al abogado le consultaron sobre si la decisión de Interior fue una especie de "revanchismo" por la imputación a Penadés, y Williman contestó que "parece inoportuno" y que "como mínimo requiere otros mecanismos".
Según Williman, este miércoles por la mañana lo llamaron desde Asfavide y le comunicaron que "en 20 días tienen que dejar el lugar".
Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior informaron este jueves a El Observador que renovarán el comodato de Asfavide. Detallaron que se comunicaron con la asociación para anunciarles que el comodato estaba vencido, y no para desalojar el local.
"Nunca fue la idea rescindir" ni desalojar, indicaron desde la cartera, y agregaron que ambas partes se reunirán para renovar el comodato.
De todas formas, Williman aclaró que si el consultorio se queda sin lugar "las víctimas no se van a quedar sin atención". "Si no hay lugar se atenderán en la Facultad de Derecho", añadió.
Williman recordó que al principio del caso que investigó a Penadés, a fines de marzo, ocurrió un imprevisto entre el Ministerio del Interior y el Consultorio Jurídico que en su opinión "llama la atención".
Según el abogado, en el convenio entre Asfavide, Udelar e Interior se acordó que la asociación se encargara de la parte "administrativa" –atención y agenda de las víctimas– y de dar el lugar físico para la atención (el local de la avenida General Flores), mientras que el Consultorio brindaría tres docentes cuyas horas de trabajo en esa oficina serían pagadas por el ministerio.
No obstante, este año "hubo un momento que esa partida quedó trancada tres meses". El comienzo de esos impagos "coincidió" con la fecha en la que comenzó la investigación contra Penadés, afirmó Williman.
"Udelar tuvo que hacer una gestión para que el convenio se cumpliera", dijo el abogado.
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