La difícil tarea de gravar con impuestos a la economía digital

Alquilar una casa de temporada en plataformas como Airbnb, ir en Uber hasta la terminal de ómnibus, viajar mirando una serie en Netflix, y pagar todo esto con el cobro de un trabajo realizado para el exterior desde la comodidad del hogar. Todo, sin que el Estado pueda reclamar un solo impuesto.

La economía digital se ha convertido en un dolor de cabeza para los Estados de todo el mundo, y Uruguay no es la excepción. Ya sea porque internet es un terreno fértil para la evasión, con personas que venden sin facturar en redes sociales o que prestan servicios desde su casa sin hacer aportes; o bien porque son plataformas que han eliminado fronteras y todavía no existen definiciones sobre qué o cuánto deben pagar en materia tributaria. La Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS) definen estrategias para lograr que estas nuevas formas de hacer negocio paguen tributos.

Por ahora, el foco está puesto en aquellos que ya están obligados a pagar impuestos pero que utilizan internet como herramienta para la elusión.

El presidente del BPS, Heber Gali, dijo a Café & Negocios, que actualmente las personas que teletrabajan –como por ejemplo un diseñador gráfico que presta un servicio desde su casa para el exterior–, e incluso los choferes de Uber, para quienes todavía no existe una regulación que los incluya como alternativa en el sistema de transporte público, ya están obligados a aportar a su seguridad social.

Unas 30 mil personas trabajan desde sus casas prestando servicios través de internet, pero solo el 10% lo hace de modo formal, según estimaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aportadas por el subsecretario de la cartera, Nelson Loustaunau. A su vez, Uber reveló en una nota concedida a El País, que en Montevideo hay unos 3.400 choferes que trabajan al menos ocho horas diarias, aunque el BPS no cuenta con datos que identifique cuántos de ellos hacen aportes.

Para el presidente del BPS, Heber Gali, si bien no hay evidencia para afirmar que la economía digital es más informal que la tradicional, presenta "complejidades" para la fiscalización.

¿Cómo hacer que tributen aquellos negocios que se hacen en el ámbito privado, ya sea en el hogar o con el auto familiar, y muchas veces a través de redes sociales?

Para lograrlo, el Plan Estratégico 2016-2020 del BPS propone llevar adelante "acciones de intercambio de información y de coordinación interinstitucional" mediante las cuales se pueda abordar "la inclusión y control de las nuevas formas empresariales y laborales, en particular las que se realizan con aplicación de tecnologías de la información a través de medios remotos (teletrabajo, venta de bienes y servicios, aplicaciones informáticas de intermediación, robotización, etc.)".

Este punto hace referencia al Sistema de Selección de Casos (Sisca), un software que comenzó a implementarse en 2012 y que utilizan tanto el BPS como la DGI. Con esa herramienta se cruzan unos 600 datos, entre los que se encuentra consumo de energía y de agua. A partir de este cruzamiento se puede encontrar posibles evasores.

En el mismo sentido, la DGI trabaja en desarrollar un software capaz de escanear las redes sociales en busca de personas que vendan productos a través de esas plataformas, para luego identificar si están pagando tributos por esos negocios.

Una fuente de la DGI explicó que en los últimos años el cruzamiento de datos ha sido la mayor herramienta para encontrar evasores. El software en desarrollo, que se encuentra en fase de prueba, permitirá generar una base de datos de usuarios que funcionan como una tienda en una red social para reclamar que paguen tributos por su actividad.

La mayor afluencia de turistas la pasada temporada no vino acompañada de más negocio para los operadores turísticos. Según denunció la Cámara de Inmobiliaria de Maldonado y Punta del Este (Adipe Cidem), el sector trabajó entre 30% y 40% menos con respecto a la temporada anterior.

La principal razón que expusieron los inmobiliarios fue que las plataformas digitales se convirtieron en un canal de promoción para los alquileres informales. Debido a que las inmobiliarias son agentes de retención del IRPF a los alquileres –que se sitúa en 10,5% del valor de arrendamiento–, muchos propietarios decidieron prescindir de sus servicios, y en internet encontraron dónde mostrar y alquilar sus propiedades.

En este sentido, una fuente de la DGI dijo que ya está en vigencia un operativo para detectar la oferta de alquileres a través de plataformas como Airbnb, Mercado Libre, Booking, entre otras, para luego identificar si están pagando tributos o no.

Pero el mayor escollo que presenta la economía digital para los Estados no es el uso de la tecnología para evadir, sino lo difícil que resulta establecer un modelo justo para el cobro de impuestos.

El 26 de octubre, la Cámara de la Economía Digital de Uruguay (CEDU) organizó un seminario junto a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República sobre los desafíos tributarios que presenta la economía digital, en el que se concluyó que en Uruguay no existe una regulación que permita gravar con impuestos a plataformas como Uber, Airbnb, Netflix, entre otras.

"¿Qué pasa si un negocio está localizado en el exterior, los factores productivos están en el exterior y en Uruguay no tenemos nada? En Uruguay tenemos el mercado quizá", señaló el experto en derecho y temas tributarios de la Udelar, Gabriel Pedro.

Según explicó el gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG, Aldo Zignago, en Uruguay se grava la renta de fuente uruguaya, la cual se entiende como las provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en Uruguay, lo cual no es fácil de determinar.

De esta forma, si bien Uber le cobra a los choferes 25% del precio del viaje por su rol de intermediación, no es posible concluir que ese porcentaje sea totalmente "renta uruguaya", ya que para que se dé ese ingreso hay una actividad ubicada en el exterior, personas desarrollando tecnologías fuera de Uruguay, y servidores alojados en otros países. Zignago dijo que hay algo de renta uruguaya que debería ser gravada, el problema es que con la regulación uruguaya es muy difícil determinar cuánta.

En el mismo sentido, el gerente sénior de impuestos de la consultora EY, Fernando Reggio, dijo que "Uruguay debería definir cómo se va a medir" la renta uruguaya en estas plataformas, ya que, por ejemplo, se cumplió un año desde la llegada de Uber a Montevideo y no han habido avances para definir qué les corresponde pagar a estas plataformas.

De hecho el proyecto de ley que pretende regular a Uber, EasyGo y Cabify, establece que "todas las entidades, residentes o no, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros, por parte de personas físicas o jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad, serán solidariamente responsables por los tributos y las sanciones pecuniarias aplicables a estas últimas".

Más allá de lo que refiere a las obligaciones que tienen estas aplicaciones para ser habilitadas como transporte público, en lo que refiere a tributos no se explica qué les corresponde pagar, por lo que aunque quisieran no podrían hacerlo, explicó Reggio.

En tanto, el presidente de la Cámara de la Economía Digital, Marcelo Montado, opinó que estos proyectos de ley no terminan de resolver el problema, ya que entre otras cosas obligan a las empresas a pagar un tributo pero no les indica cuáles.

"Las primeras leyes que hablan sobre la economía digital se centran en las restricciones. Uruguay no se está parando de frente propiciando la economía digital sino protegiéndose de ella", concluyó Montado.

Para Zignago, la economía digital no es más informal, sino "más difícil de gravar". Empresas que venden intangibles y que se ubican en distintas partes del mundo dificultan la tarea de definir un establecimiento permanente que le de potestad tributaria a algún país.

A nivel internacional, la OCDE trabaja en la "eliminación de la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios", (BEPS por su sigla en inglés) mediante la cual empresas multinacionales con el fin de hacer "desaparecer" beneficios a efectos fiscales, los trasladan hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real, a países con impuestos más bajos.

Tal es el caso de compañías como Apple o Google, que trasladan su actividad a Irlanda donde la tributación es más baja.

Sobre economía digital la OCDE propone que pueda gravarse en el país en el que se encuentre el cliente y, además, trabaja en proporcionar mecanismos para que las actividades de estas compañías pueda ser gravada de manera eficiente, evitando así la doble tributación (que paguen dos veces un mismo impuesto en distintos países), o lo contrario, la doble no tributación (que no paguen en ningún país).

La Cámara de la Economía Digital de Uruguay presentó a la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, un proyecto de ley para declarar de interés nacional las actividades vinculadas a la Economía Colaborativa, entre las que se encuentran enmarcadas Uber, Easy Go, Cabify y Airbnb. El proyecto define a la economía colaborativa como "modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante Plataformas Colaborativas que crean un mercado abierto