Los acuerdos como el que se anunció esta semana tienen una amarga trayectoria en el país
La imagen está grabada en las mentes colombianas: el presidente del país está sentado en un gran escenario con el rostro sombrío, las manos en el regazo y junto a una silla vacía.
Es enero de 1999. En la inauguración de las conversaciones de paz, el fundador de la mayor guerrilla en el Hemisferio Occidental ha desairado al presidente Andrés Pastrana.
Se puede esperar resistencia de los hacendados acaudalados y dueños de plantaciones aliados con Álvaro Uribe, que como presidente entre 2002 y 2010 libró una guerra sin cuartel contra las FARC al tiempo que hacía las paces con milicias de extrema derecha que cometieron la mayoría de los asesinatos de la guerra sucia.
“¡Qué tristeza que asesinos y secuestradores de las FARC hoy sean figuras políticas hablándole al mundo con sus engaños!”, dijo Uribe en un tuit tras ver un discurso grabado en video por el líder de los rebeldes, Timoleón Jiménez, Timochenko, transmitido el martes desde La Habana.
Y además está el narcotráfico
Ese negocio sostiene a todos los grupos ilegales armados en Colombia: a los paramilitares, a sus pandillas sucesoras y a las propias FARC. “Es probablemente uno de los obstáculos para la paz más complicados”, dijo Arlene Tickner, especialista en ciencias políticas de la Universidad de los Andes, en Bogotá.
Eso es así porque la política estadounidense hacia Colombia ha sido dominada casi completamente por las políticas de la guerra contra las drogas.
Cinco de los seis miembros del secretariado de las FARC, incluido Jiménez, son considerados como altos capos del narcotráfico por el Departamento de Estado, que ofrece recompensas de cinco millones de dólares por cada uno de ellos.
No está claro cómo lidiaría Washington con ellos si el conflicto acaba. El Congreso colombiano aprobó en junio una ley que establece el marco de amnistías y perdones para los líderes rebeldes.
Policías y soldados en Colombia involucrados en el narcotráfico no están exentos de ser enjuiciados. ¿Existiría esa exención para los líderes de las FARC?
Pastrana, que fue embajador de Colombia en Washington tras su presidencia, dijo: “Aquí en esta agenda hay un elemento que es muy importante que es el narcotráfico, y sería bueno invitar a los Estados Unidos también en este proceso que participen de alguna u otra forma en esta negociación o en este proceso que se inicia con las FARC”.
Washington es un estrecho aliado de Colombia, pero Santos ya ha mostrado mucha más independencia que Uribe.
La Casa Blanca emitió el martes una declaración en la que elogió el acuerdo preliminar como un “hito” y pidió a las FARC que “aprovechen esta oportunidad para poner fin a sus décadas de terrorismo y narcotráfico”.
El acuerdo fue mediado por Noruega y Cuba y esos países van a facilitar las conversaciones, mientras que Venezuela y Chile les acompañarán. No está claro qué significa eso.
Riesgo y costos
Santos subrayó que no va a ceder ni un centímetro, y dijo que las operaciones militares continuarán con la misma intensidad incrementada.
Dijo además que las conversaciones no serán ilimitadas, y afirmó que se medirán “en meses, no en años. Si no hay avances, sencillamente no seguimos”, aseguró.
Muchos analistas consideran que la sociedad colombiana no va tener paciencia si no ve pronto resultados tangibles.
“Santos está corriendo un enorme riesgo político”, dijo Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano. “Aún no está claro si las FARC van en serio esta vez”.
Shifter piensa que el asunto va a consumir la segunda mitad del término de cuatro años del presidente. Santos no ha dicho aún si buscará la reelección.
